Los testimonios de Nieto, Pérez de los Cobos y Trapero cambiaron el curso del juicio y colocaron en una situación difícil a los procesados
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el 'procés' independentista celebrado en los cuatro últimos meses en el Tribunal Supremo se ha convertido en un largo combate jurídico especialmente entre la Fiscalía y los abogados defensores de los doce encausados. La primera ha tenido como objetivo probar que los líderes independentistas utilizaron de forma instrumental la violencia en los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 y que, por lo tanto, los presos independentistas cometieron un delito de rebelión, mientras que las defensas han tratado de descalificar el proceso, tildando el juicio de "político", además de denunciar la presunta violencia en la actuación policial del día del referéndum.
Así, el ministerio fiscal hizo un relato de la 'fractura' consciente y temeraria del orden constitucional mediante un uso calculado de la violencia mediante la movilización popular. Por su parte, las defensas se esforzaron en convertir la vista en un "juicio a la democracia" e intentado sentar en el banquillo a las Fuerzas de Seguridad que actuaron el 1 de octubre para cumplir el mandato de los jueces.
Esta dicotomía se hizo presente desde la primera jornada del juicio el pasado 12 de febrero, destinado a las denominadas cuestiones previas, y se mantuvo en las jornadas de informes finales, que comenzaron con el fiscal Javier Zaragoza elevando el tono de su acusación para hablar de "golpe de Estado". En los días destinados a las defensas los abogados no dieron sorpresas y siguieron denunciando la vulneración de derechos como casi única argumentación en sus alegatos.
Así, tras cuatro meses de sesiones las posturas apenas se han movido, y ello pese a haberse podido escuchar los testimonios de los doce acusados, el paso de un total de 422 testigos, de diferentes expertos para la práctica de siete pruebas periciales y el visionado de más de un centenar de vídeos, la mayoría sobre las intervenciones policiales en la jornada del 1-O. La Abogacía del Estado, por su parte, sigue viendo sólo sedición.
EL TURNO DE LOS ACUSADOS
El relato de los acusados -más enfocado en dar propaganda y justificar el proceso, que en defenderse de las graves acusaciones- comenzó a escucharse el 14 de febrero con la intervención del exvicepresente de la Generalitat Oriol Junqueras, que se presentó al tribunal como un "preso político" y aseveró que nada de lo hecho por el exGovern de Carles Puigdemont es delito. También calificó al Tribunal Constitucional de "elemento censor" por suspender el referéndum y afirmó que "votar no es delito y lo que sí es delito es impedir votar".
En el mismo sentido discurrieron las declaraciones del resto de acusados, que utilizaron en general un tono altanero defendiendo su actuación en el Govern aunque negando siempre los aspectos más espinosos de la acusación, como el relativo a si se dio orden a los Mossos d'Esquadra para que no cumplieran la orden judicial de impedir la celebración del 1-O. Además, ninguno reconoció valor político a la DUI, tampoco los tres encausados en libertad provisional que no son acusados de rebelión sino de desobediencia.
POLÍTICOS SOBRE LAS INTENCIONES DEL EXGOVERN
El tono de la vista viró tan sólo unos días después con la comparecencia de políticos como el expresidente Mariano Rajoy, quien manifestó que "siempre" dejó claro en sus conversaciones con la Generalitat de Cataluña que "en ningún caso" negociaría sobre un referéndum de independencia. A su juicio, lo que ocurrió en Cataluña fue que se "liquidó la legalidad vigente" y por ello debió acudir a una medida excepcional como fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
De especial relevancia fue el testimonio del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien relató al tribunal una intensa labor de "enlace" a petición de Carles Puigdemont entre la Generalitat y el Gobierno central. Explicó cómo pese a sus intentos para que el expresident convocara elecciones éste le reconoció en la víspera de la DUI las "presiones" por parte de su grupo parlamentario de Junts pel Sí y que la población "se le estaba rebelando", razón por la que renunció según Urkullu a la convocatoria electoral.
El tribunal también podrá valorar el tribunal el testimonio prestado por el expresident de la Generalitat Artur Mas, que reconoció su asistencia a reuniones informales a lo largo de 2016 convocadas por su sucesor en cargo Puigdemont y en las que estuvieron también otros encausados en este procedimiento como Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
En estos encuentros trataron sobre el referéndum y la Ley de Transitoriedad, que se daban por anuladas por el Tribunal Constitucional. También reconoció Mas que el mandato de la ciudadanía y el reflejado en la mayoría parlamentaria era "muy claro", y que ante la imposibilidad de encontrar vías de acuerdo con el Estado "no se pararon las máquinas".
EXMANDOS POLITICOS, GUARDIA CIVIL Y POLICIA PASAN AL ATAQUE
El juicio volvió a dar un giro radical cuando empezaron a declarar los responsables policiales empezando por el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que fue el primero en acusar de pasividad ante la Sala a los Mossos d'Esquadra el 1-O, un elemento fundamental para sustentar el relato de la acusación.
En la misma línea incidió Diego Pérez de los Cobos, coordinador policial de cara al 1-O, quien indicó que en la mañana del 1 de octubre de 2017 hubo "dos sorpresas" que le obligaron a cancelar el dispositivo de coordinación inicialmente acordado con la Policía Autonómica: "la inactuación de los Mossos" y la "virulencia de las murallas humanas" organizadas, otras dos claves de la acusación.
El relato fue apuntalado por el testimonio del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación del 1-O, quien calificó de "periodo insurreccional" el transcurrido en Cataluña partir de la actuación en Unipost --donde se encontraron miles de tarjetas censales-- y la operación de registros del 20-S y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 28 de octubre.
Otro de los puntos clave para apuntalar la rebelión -o sedición- llegó al juicio de la mano de los mandos de los Mossos Manuel Castellví, Emili Quevedo y Ferrán López, que hablaron de la reunión instada por la cúpula de la policía autonómica y que se celebró el 28 de septiembre de 2017 y a la que acudieron Puigdemont, Junqueras y Forn, y donde los primeros advirtieron de la posibilidad de que en el 1-O se produjera una escalada de violencia. La respuesta del exGovern fue que se seguiría hacia adelante con lo planes separatistas.
Este relato, señalado como clave por la Fiscalía en sus informes finales, fue apuntalado en la larga y rocambolesca sesión del juicio del 14 de marzo por el que fuera Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero -que se enfrentará a su propio juicio por rebelión en la Audiencia Nacional- y que ante una pregunta directa del presidente del Tribunal, Manuel Marchena, admitió haber transmitido en dicho encuentro que la policía autonómica estaba con la Constitución y no acompañaba el proyecto independentista.
En cuanto a las masivas protestas por los registros ordenados el 20 de septiembre de 2017 por el juez de Barcelona que investigaba referéndum destacó el testimonio de la letrada de este juzgado, que narró con pelos y señales su miedo y su estrambótica salida de madrugada por las azoteas del edificio de la Consejería de Economía auxiliada por los Mossos. "Tuve miedo", reconoció ante la Sala.
Frente a todas estas manifestaciones, los testigos de las defensas fueron en su práctica totalidad personas que participaron en las votaciones del 1-O y que vinieron ante la Sala a hablar de abusos policiales.
