BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción pidió hoy prisión provisional para un inspector de la Policía Nacional y dos abogados de Barcelona por su presunta implicación en la trama de corrupción policial vinculada a prostíbulos de Barcelona, entre ellos el Riviera y el Saratoga de Castelldefels.
Después de ser detenidos ayer por los Mossos d'Esquadra junto a un tercer abogado, hoy declararon ante la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que lleva el caso y que prorrogó la detención hasta el lunes para decidir si los deja en libertad u ordena prisión.
Al inspector J.J.M.P., conocido como 'Jordi', la magistrada le imputa los delitos de obstrucción a la justicia, extorsión y asociación ilícita. A los abogados les atribuyen los delitos de extorsión y asociación ilícita.
El abogado Fernando Martínez, presidente de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) y ex miembro de la Ejecutiva del PP catalán, quedó en libertad a la espera de comparecer de nuevo el lunes, cuando la juez le notificará si ingresa a prisión bajo una fianza de 20.000 euros, como solicitó la Fiscalía.
Para Álex G., la Fiscalía pide prisión, mientras que para Carlos C., que durante un tiempo fue juez sustituto, no se solicitaron medidas cautelares.
Fuentes jurídicas explicaron que los tres abogados dijeron a la juez que habían declarado a Haciendo todo el dinero cobrado a los prostíbulos a los que asesoraron tras los registros e investigaciones policiales. Los letrados supuestamente cobraban dinero a los dueños de los prostíbulos para ocultar delitos.
Hoy continuaba el registro del despacho Corporación Legal Abogados España, en la calle Gelabert del barrio de Les Corts de Barcelona.
Al inspector de Policía la juez y la Fiscalía le preguntaron sobre las redadas policiales en los prostíbulos.
El lunes los Mossos ya arrestaron a un comisario de la Policía Nacional presuntamente implicado en esta trama y, con los de ayer, son ya catorce los implicados en el caso que lleva la juez Elisabeth Castelló, que mantiene el secreto de sumario y clausurados los dos macroprostíbulos.
Entre los imputados figuran el ex jefe de un grupo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (Ucrif), que se encuentra en prisión preventiva, y el actual inspector jefe de la unidad, quien eludió ingresar en la cárcel pagando una fianza de 2.500 euros.
