GRANADA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de Andalucía investiga las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la empresa pública Invercaria, que, según el órgano fiscalizador, ha "incumplido" en determinados aspectos la normativa laboral, no ha podido "justificar debidamente" los gastos de la tarjeta de crédito del presidente de la empresa por importe de más de 25.000 euros, y no cuenta con "ningún criterio preestablecido" para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios de los préstamos concedidos.
Fuentes del departamento que dirige Jesús García Calderón, con sede en Granada, han confirmado a Europa Press que la investigación se abrió de oficio el pasado 2 de febrero, cuando salió publicado en prensa el informe de la Cámara de Cuentas. En estos momentos, según avanza el diario 'El Mundo', la Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía Superior está analizando el informe elaborado y pidiendo más datos a la Cámara.
Por otra parte, el PP-A ya ha anunciado que presentará una demanda ante el Tribunal de Cuentas al observar "indicios de responsabilidad contable" y "posibles alcances de caudales públicos" en Invercaria. La denuncia señalará directamente tanto a los diferentes presidentes de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta como a su consejo de administración. Mientras, la expresidenta de la misma, Laura Gómiz, ha presentado una querella criminal contra su exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, asegurando que la grabación con el mismo estaba "manipulada".
Según explicó este miércoles el presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, la empresa pública de inversión y capital riesgo ha presentado una querella contra el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, por presuntos delitos de "falsedad" de documentos y "estafa procesal" por las grabaciones efectuadas de la conversación entre el propio Cantos y la expresidenta Laura Gómiz.
Invercaria ya aseguró el pasado lunes que había "serios indicios de manipulación" en la grabación de las conversaciones en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), en las que, presuntamente, la por entonces presidenta de esta entidad ordena al exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas.
