MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Foro de Ermua presentó hoy una querella contra Joseba Permach, Ainara Armendariz, Aurore Martín y "quienes comparecieron" el 24 de marzo ante los medios de comunicación como nueva Mesa Nacional de Batasuna, por presuntos delitos de desobediencia, quiebra de medida cautelar, reunión ilícita e integración y colaboración con banda terrorista.
Según el Foro Ermua, a pesar de estar ilegalizada y tener prohibida toda actividad, así como de haber sido calificada como organización terrorista por la UE, EEUU y de manera cautelar por la Audiencia Nacional, Batasuna reunió a su Asamblea Nacional, eligió un nuevo órgano de dirección (Mesa Nacional) y difundió el pasado 24 de marzo un comunicado público, leído "expresamente" en nombre de Batasuna por tres de sus dirigentes instando al Gobierno a que pague un "precio político por el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad".
El presidente del Foro, Mikel Buesa, resaltó que este comunicado "coincide" de manera "objetiva" con los "fines, argumentos y hasta expresiones literales vertidas" en el comunicado emitido por ETA en el que anunciaba su tregua, por lo que viene a completar la estrategia de esta organización terrorista.
Así, explicó que todos estos hechos "presuntamente" son constitutivos de delitos de desobediencia a la sentencia de ilegalización del Tribunal Supremo, quiebra de la medida cautelar de suspensión de actividades dictada por la Audiencia Nacional, reunión ilícita y delito de pertenencia o colaboración con banda terrorista.
PERSEGUIR DELITOS "FLAGRANTES"
Por ello, Buesa pidió al Gobierno que inste al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, a que "persiga" ante los tribunales los delitos "flagrantes" cometidos por los representantes de la ilegalizada Batasuna al actuar "en nombre de ésta, saltándose las prohibiciones de actividad" que sobre la misma pesan y "completando en el frente político" la actividad de ETA. "Que apoye también expresamente la querella criminal que hoy mismo ha interpuesto el Foro Ermua ante la Audiencia Nacional", añadió.
Asimismo, afirmó que el Estado de Derecho "no debe" estar en tregua porque eso es ir "contra el Derecho y establecer excepciones", al tiempo que destacó que la sociedad española ha expresado durante los últimos meses que no quiere que se "otorgue un trato diferencial" a los delincuentes acusados de delitos de terrorismo.
Así, lamentó que esa sea la dirección que ha decidido "emprender" el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respecto a los actos y dirigentes de Batasuna, "tal y como" se ha visto estos días con el "cambio" de criterio de Conde Pumpido respecto al encarcelamiento de Otegi. "El fiscal ha impuesto una interpretación nítidamente política y ese es el pago del primer precio político por el alto el fuego", sentenció.
Buesa calificó la actitud de Conde Pumpido de "lamentable, equivocada y contraria" a la opinión "mayoritaria" de los españoles. Agregó, además, que debido a esta actitud ahora les toca a los ciudadanos "tratar de reestablecer" el Derecho mientras Batasuna siga "cometiendo" actos delictivos.
OTEGI NO ES UN HOMBRE DE PAZ
Preguntado acerca de si el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, es un hombre de paz, tal y como asegura el presidente Zapatero, Buesa subrayó que "afirmar que Otegi es un hombre de paz es como asegurar que el obispo Setién va a ir al cielo". Al mismo tiempo, negó que el discurso de Otegi sea de paz y señaló que, por contra, es el discurso de una organización que "necesita" presentarse a las elecciones municipales porque "de Batasuna logra ETA el dinero para financiar sus actividades".
En este sentido, recordó que en el País Vasco hay mucha gente con miedo a presentar sus ideas libremente por las posibles "represalias" de Batasuna y ETA, por lo que ahora "no puede venir ningún Zapatero de turno" a decir que Otegi es un hombre de paz, porque eso es "falso y va encaminado a acordar cosas con ellos a cambio de algún precio".
Por todo esto, agregó que si el fiscal general cesara y fuera nombrada otra persona con una orientación "simplemente jurídica" de sus actuaciones, sería algo "muy positivo", si bien reconoció que tiene la sensación de que pedir su cese sería "absolutamente inútil", aunque no le importaría hacerlo. Finalmente, pidió que cualquier proceso de conversación con ETA se "canalizara" a través del Pacto Antiterrorista.
"PASIVIDAD" DE LAS INSTITUCIONES
Por su parte, el abogado de las Gestoras Cívicas, Fernando García, recordó también que Batasuna es una organización terrorista, una asociación ilegalizada que tiene prohibida cualquier actividad, a pesar de lo cual el 24 de marzo se pudo ver a sus dirigentes haciendo un comunicado "plenamente coincidente" con la estrategia de ETA.
Así, criticó la "pasividad" de la Fiscalía ante estos delitos "flagrantes", ya que obliga a que el movimiento cívico tome la iniciativa para "salvaguardar" el Estado de Derecho. Asimismo, quiso dejar "muy claro" que ETA no tiene "capacidad" para "modificar" el debate político. "La pasividad de las Instituciones supone una parálisis del Estado de Derecho y eso es pagar la primera parte de un precio político", subrayó.
Preguntado acerca de la manifestación que recorrerá mañana las calles de Bilbao auspiciada por el Foro de Debate Nacional, García apuntó que las Gestoras están "estudiando" si Batasuna está tras esa convocatoria, puesto que sería algo "ilegal". Aseguró, además, que sería el Estado quien debería "investigar" estas cosas para que una organización terrorista no pueda seguir actuando, en lugar de permanecer "impasible" y "suspender" la acción del Estado de Derecho.
