Dice que Homs cometió prevaricación por omisión y desobediencia porque conocía "el mandato expreso" del TC
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal eleva a definitiva su petición de nueve años de inhabilitación para Homs por el 9N
MADRID 1 (EUROPA PRESS)
El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha señalado este miércoles durante su alegato final en el juicio contra el exconseller y diputado del PDeCat Francesc Homs que el denominado "proceso participativo" que se celebró el 9 de noviembre de 2014 en Cataluña "no fue más que un desafío a la legalidad y un pulso al Estado de Derecho", por lo que ha elevado a definitiva su petición para el aforado de 9 años de inhabilitación para el ejercicio de ningún cargo público.
El representante del Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para condenar a Homs por los delitos de prevaricación y desobediencia que cometió al participar en la organización de la consulta del 9-N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), ya que entiende que su actitud fue "abusiva, arbitraria, consciente y a espaldas" del alto tribunal.
Ha añadido que lo que se está analizando por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "no es la intervención de los voluntarios ni la conducta de quienes en base a esa llamada acudieron a votar", sino cómo los gestores políticos de la Generalitat "se conciertan para hacer su propia voluntad frente a lo que ha establecido el máximo interprete de la Constitución".
"La democracia no es sino la sumisión de todos los poderes públicos a la ley", ha incidido el representante del Ministerio Público, que ha recordado que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue dictar una medida cautelar, la suspensión de la consulta, mientras decidía sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la constitucionalidad de la convocatoria.
"En definitiva, esa providencia priva a la comunidad autónoma de la competencia para celebrar la consulta mientras resolvía el fondo de esta cuestión", ha insistido en fiscal en referencia a la providencia dictada por el tribunal de garantías el 4 de noviembre de 2014. Dicha providencia se recibió por el Govern de Cataluña, pese a lo que se decidió no paralizar el proceso y realizar "actos de impulso" de la convocatoria, que se acabó celebrando.
PREVARICACIÓN Y DESOBEDIENCIA
"La inexistencia de una orden de paralización o desconvocatoria equivale a una resolución ordenando seguir. Hubo eso y más que eso porque hubo un acuerdo entre todos de no parar ya que de otra manera no se explica que ni una sola de las actuaciones de otros departamentos haya parado. Y además hubo más", ha alegado al precisar que Homs cometió prevaricación por omisión.
El Ministerio Público ha recordado ante los magistrados de la Sala que no se analiza si la consulta era o no constitucional "que no es cuestión menor", sino que mientras Gobierno central y autonómico estudiaban su validez, el Tribunal Constitucional se pronunció y pidió su suspensión.
Para justificar la condena por desobediencia, el fiscal desmiente la versión de Homs de que no se le notificó la providencia ya que, en palabras suyas, dicho aviso se envió directamente al entonces president de la Generalitat Artur Mas, que ayer prestó declaración en este juicio en calidad de testigo.
En su interrogatorio, Mas destacó que nadie les advirtió del carácter delictivo del proceso participativo, si bien Moreno le ha respondido que la Generalitat, el día 4 de noviembre, "se dio por notificada" y por tanto "es evidente que el acusado conocía el mandato expreso".
CULPAR A LOS VOLUNTARIOS NO SE SOSTIENE
El fiscal ha insistido en que "decir que quedaba en manos de voluntarios es prácticamente algo que no se sostiene por sí solo" y además ha descartado que la Generalitat hubiera vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes suspendiendo el proceso --como sostiene Homs-- sino que más bien lo que se vulneró fue el Estado de Derecho al saltarse la suspensión que pesaba sobre la consulta.
El representante del Ministerio Público no modifica su petición de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para el exconseller catalán porque "no había duda" de que en el momento se pronunció el TC había una serie de actuaciones ya formalizadas y que el Govern decidió no suspender, como la campaña publicitaria del proceso (cuyo coste alcanzó los 813.000 euros), el buzoneo, o la labor encomendada a T-Systems, encargada de los programas informáticos.
Moreno ha calificado de "esencial" la carta de T-Systems que remitió a la Generalitat y en la que expresaba sus dudas sobre si continuar con la organización de la consulta días antes de la celebración y que contestó directamente Homs instando a cumplir con su cometido. Al respecto el fiscal ha argumentado que la misiva la tenía que haber contestado el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), que es a quien iba dirigida, y no el acusado, "que puso la venda antes de la herida".
