MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Nacional Francisco Franco ha solicitado este lunes en el escrito de alegaciones a la exhumación de los restos del dictador la toma de declaración a seis peritos y testigos por su "intervención directa sobre elementos esenciales del procedimiento".
En el escrito, presentado ante la comisión de Justicia encargada del expediente y la instructora del mismo, Cristina Latorre, la fundación ha manifestado la ausencia de "objetividad e imparcialidad" y la "absoluta falta de transparencia" del Gobierno" en el procedimiento.
En el escrito se solicita la apertura de un periodo de prueba para la declaración de, entre otros, de Antonio Hidalgo López, subsecretario de Presidencia, para, entre otras razones, conocer detalles sobre una visita al abad de la Comunidad Benidictina de la Basílica del Valle de los Caídos en octubre de 2018 que, según la Fundación, se realizó con el objetivo de ejercer presión.
También se reclama la comparecencia de Alfredo Pérez de Arminán, presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y de Víctor Manuel Cageao, funcionario del Ministerio de Cultura destinado en el Museo del Prado, en relación a la memoria valorada de los trabajos a llevar a cabo para la exhumación.
En relación a este punto, también pide la comparecencia de María Antonio González, subdirectora general de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios de la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, para que aclare el reingreso en el servicio activo de Cageao.
Igualmente, pide testimonio de Luis Pérez de Prada, jefe de Arquitectura y Jardines, designado suplente para el cargo de director de Inmuebles y Medio Natural en septiembre, para que aclare los continuos y sospechosos cambios en el cargo de director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional.
Finalmente, se reclama la comparecencia de José Miguel de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, arquitectos superiores del informe Técnico sobre la idoneidad o no de la documentación presentada por Patrimonio Nacional al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para cumplimentar el acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre y el informe del aparejador municipal al respecto.
DENUNCIAN LA "INCONSTITUCIONALIDAD" DEL REAL DECRETO-LEY
En el mismo escrito, de 47 páginas, la asociación ha denunciado la "extralimitación" del Ejecutivo al aprobar por decreto-ley "lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena" ya que "no solo afecta a los intereses de los afectados, sino a los de todos los ciudadanos".
Además, señala que se trata de una "norma singular" que tiene un único destinatario --en este caso, Franco--, algo que va "en contra de la doctrina constitucional, que prohíbe leyes particulares con destinatario único".
Según la Fundación, el real decreto-ley no respeta el principio de igualdad protegido por el Comité Europeo de Derechos humanos y el derecho de la Unión Europea e infringe el principio de proporcionalidad.
Asimismo, denuncian que el Ejecutivo vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y también la libertad de pensamiento, conciencia y religión al pretender la exhumación de los restos.
En las alegaciones, la Fundación que defiende la memoria del dictador denuncia la inconstitucionalidad del real decreto ley por "conculcar y transgredir abiertamente el Acuerdo Internacional" de España "con la Santa Sede, donde se garantiza la inviolabilidad de los lugares sagrados, como es la basílica del Valle de los Caídos".
