El Tribunal de Cuentas detecta una caída progresiva de las donaciones de particulares a fundaciones de partidos
MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos fundaciones del PSOE acumulaban en 2020 un balance negativo de más de dos millones de euros, según ha certificado el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre fundaciones de partidos políticos, correspondiente a los años 2018 y 2019.
Se trata de la Fundación Pablo Iglesias, que actualmente preside la exministra María Luisa Carcedo, que a 1 de enero de 2020 presentaba un patrimonio negativo de 1.976.380,91 euros, y la Fundación Ideas para el Progreso, cuyos 'números rojos' se cifran en 151.761,84 euros.
En el informe se menciona también a la sociedad "Fundación Elkartu S.A.", vinculada a Eusko Alkartasuna, que a 31 de diciembre de 2019 presentaba unos resultados negativos de ejercicios anteriores de 563.064,04 euros, y que ya se encontraba incursa en una causa de disolución.
19 FUNDACIONES SIN ACTIVIDAD
En total, son seis las fundaciones que presentaban un patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2019. El fiscalizador señala igualmente que 19 permanecían sin actividad en los años 2018 y 2019, habiendo procedido varias de ellas a acordar su disolución y extinción en los ejercicios posteriores.
Por ello, el Tribunal sugiere ajustar las actividades económicas de las fundaciones y entidades y elaborar un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial, en caso de presentar una situación patrimonial negativa.
El informe ha sido aprobado este jueves en el Pleno del Tribunal de Cuentas, que por primera vez ha analizado estas fundaciones de forma separada de los partidos políticos con quienes mantienen vínculos. En total Se han examinado 51 fundaciones y entidades de otro tipo.
En sus conclusiones, recogidas por Europa Press, el Tribunal se lamenta de que en 2018 únicamente 23 de estas 51 fundaciones y entidades remitieron en tiempo sus cuentas anuales, mientras que 22 lo hicieron fuera del plazo y seis de ellas ni rindieron cuentas, por lo que no se ha podido fiscalizar su financiación. En 2019, el balance es peor: sólo 16 fundaciones y entidades presentaron las cuentas en tiempo, 26 lo hicieron fuera de plazo y 9 no las presentaron.
Cuatro de ellas han repetido dos años sin aportar datos al tribunal: las fundaciones Estudios Sociales de navarra (UPN), Horacio Fernández Inguanzo (PCE de Asturias) y Zabaldiak (IU), y la Asociación Juventudes Navarras (UPN).
Además, solo 21 fundaciones entidades vinculadas se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo con ello la Ley de Partidos. En ese contexto, el Tribunal de Cuentas propone al legislador que esa inscripción sea condición 'sine qua non' para percibir subvenciones públicas.
CADA VEZ MENOS DONACIONES DE PARTICULARES
En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que ascendieron a 2 y 1,6 millones de euros en 2018 y 2019, respectivamente, siguiendo una tendencia decreciente (en 2017 recibieron 2,7 millones de euros).
En este punto, el informe observa una serie de incumplimientos tales como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto; donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente; entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas; y donaciones de personas jurídicas que no han sido notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.
En esos dos años, las fundaciones políticas se repartieron casi seis millones de euros en subvenciones públicas (3,3 millones en 2018 y 3,1 millones en 2019). Aquí se han advertido gastos no subvencionables, por lo que se pondrá en conocimiento de los ministerios u organismos concedentes de las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro.
En cuanto a las obligaciones de transparencia, un total de 24 fundaciones y 7 entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.
Entre sus recomendaciones, el Tribunal que preside Enriqueta Chicano aconseja fijar un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos estén obligadas a someterse a auditoría externa.
