MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asegura que se siente igual de indignado que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por las "injustas descalificaciones" dirigidas hacia el alto Tribunal por la sentencia que inhabilita al juez Baltasar Garzón.
"El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia y debemos respetarla", señala Gallardón en una entrevista en el diario 'El Mundo' recogida por Europa Press, donde indica que la crítica a las resoluciones judiciales es legítima, pero rechaza "con la misma contundencia" que Dívar las descalificaciones.
Por otro lado, Gallardón resalta la necesidad de reformar y despolitizar la Justicia y destaca la importancia de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPP) no tengan un mandato imperativo de ningún partido y sean conscientes de que solo se deben a la Constitución y al servicio de la Justicia.
De la misma forma, asegura que el fiscal general del Estado "en ningún momento" recibirá una instrucción política por parte del Gobierno, ya que debe actuar conforme al principio de legalidad.
En cuanto a la polémica surgida por las discrepancias del Gobierno en torno a la constitucionalidad del matrimonio homosexual, Gallardón asegura que "no es un verso suelto" y que defiende el criterio del Ejecutivo. En cualquier caso, invita a esperar al dictamen del Constitucional para decidir si hay que legislar o no.
Sobre la ley del aborto, el ministro asegura que el Gobierno no va a reducir un derecho de la mujer, aunque abolirá la ley a plazos del que aprobó el Gobierno socialista en el año 2010 porque suprime los derechos del concebido.
Respecto a la modificación de la ley del menor, Gallardón explica que se establecerá un mecanismo en el que el enjuiciamiento de los delitos cometidos por mayores y menores pueda ser conjunto, de forma que no se produzca contradicción en la valoración de los hechos.
En cuanto al estatuto de las víctimas del terrorismo, afirma que las víctimas estarán informadas de todos los procedimientos hasta que llega la condena, la evolución y modificación de la situación penitenciaria y cualquier medida de indulto. "El Gobierno no podrá indultar al autor de un delito sin haber escuchado previamente a la víctima del mismo", subraya.
