Garzón.- PP dice que la suspensión llega "tarde" pues los integrantes de ANV y PCTV van a seguir en las instituciones

GUADALAJARA, 8 Feb. (EUROPA PRESS)

El secretario de Libertades Públicas, Ignacio Astarloa, señaló hoy que la suspensión de actividades de ANV y el PCTV dictada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llega "tarde" y por ello "deja secuelas" que el auto judicial "no puede salvar", pues "los integrantes de estas dos formaciones vayan a seguir presentes en las instituciones: cobrando sus sueldos y recibiendo subvenciones que luego van a parar al terrorismo".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Astarloa destacó que el hecho de que esta decisión llegue en época preelectoral demuestra que el Gobierno, aun tenido con anterioridad pruebas suficientes para abrir un proceso de ilegalización, lo hace ahora porque "la jugada le interesa electoralmente", como durante todo este tiempo ha denunciado el PP.

Asimismo, pidió al presidente del Gobierno que adquiera el compromiso ante los ciudadanos de "no volver nunca más a negociar con los que han puesto la bomba en Vergara --refiriéndose al último atentado que la banda ha cometido en la localidad guipuzcoana-". "Hay que rectificar de forma rotunda la política antiterrorista de estos últimos cuatro años, que ha sido una política de negociación y de concesiones a los terroristas", añadió.

En este sentido, Astarloa culpó al Gobierno de Zapatero de que en España haya sucedido algo "que no sucede en ningún otro país del mundo, como es que los terroristas puedan estar en unas elecciones democráticas", en referencia a las elecciones autonómicas vascas y a las municipales, a las que concurrieron ANV y PCTV.

ERRORES EN EL PROCESO

Sobre el modo en el que los responsables del Ejecutivo han llevado a cabo el proceso que ha culminado en la suspensión de actividades de los dos partidos de la izquierda abertzale, el secretario de Libertades Públicas del PP consideró que las cosas se han hecho "tarde y mal, de una forma lamentable y con errores que han puesto en cuestión el resultado final".

De esta forma, Astarloa recordaba la equivocación cometida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, cuando presentó ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización sin haber oído previamente a los partidos implicados. "Se ha jugado políticamente con el terrorismo", insistió.

Como prueba de ello recordó que en su día el Gobierno optó sólo por la ilegalización de medio partido considerando que la otra mitad era legal y podía concurrir a las elecciones "aun teniendo pruebas sobradas para ilegalizar a toda la formación".

Finalmente, apuntó que, en su opinión, la ilegalización se lleva a cabo en este momento por la conveniencia de la jugada políticamente, y se asiste ahora "a lo que tendría que haberse producido hace muchos meses".