MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado a la Ertzaintza que impida la celebración esta tarde en Llodio (Álava) de una manifestación convocada bajo el lema "Euskal Herriak Autodeterminazioa" después de que ayer el magistrado prohibiera una reunión convocada por la organización ilegal Batasuna en el Museo Vasco de Gastronomía de la misma localidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción numero 5 ha dictado una providencia en la que pide a la Policía Autónoma Vasca que compruebe una denuncia realizada esta misma mañana por la Asociación Dignidad y Justicia, en la que se advierte de la aparición de carteles con la palabra "ilegalizada' sobre los anuncios de la reunión prohibida en Llodio, mientras que en carteles anexos se convoca a una manifestación a la misma hora y en la misma localidad.
En el caso de comprobar estos datos como ciertos, y en coherencia con el auto dictado ayer por Garzón, la Ertzaintza debe de impedir la reunión "tanto si se produce en el local previsto como si se produce bajo el formato de concentración o manifestación, habida cuenta la ilegalidad de la misma, y siempre que no conste autorización administrativa", señala la providencia. Si esta autorización existiera, el juez pide que se le informe con urgencia "a los efectos oportunos".
Garzón ha dictado esta providencia sin requerir el informe previo del fiscal, por entender que el acto convocado para esta tarde se pretende celebrar en sustitución del promovido en el Museo de Gastronomía por Batasuna, que él prohibió ayer.
La prohibición de la asamblea convocada por Batasuna en Llodio había sido solicitada por la Fiscalía y por las acusaciones Dignidad y Justicia y Asociación Víctimas del Terrorismo, que consideran que este acto incide en el ámbito de suspensión de actividades de Batasuna acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado mes de enero
En su auto de ayer, y tras analizar el informe policial realizado sobre convocatoria de la reunión en Llodio, Garzón concluía que "resulta obvio y evidente que, sin entrar en consideración del objeto de la reunión, no puede permitirse la celebración de la misma habida cuenta de que la convocante es una organización ilegal y suspendida judicialmente, por su integración en el complejo terrorista liderado por ETA, y sin capacidad para desarrollar actos públicos como entidad política".
