BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Rañé, considera que la confesión del empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña ante el juez exculpando a los anteriores responsables de este departamento en el 'caso Treball' "no cierra" este conflicto sobre supuesta malversación de dinero público a través de estudios plagiados.
Por ese motivo, Rañé explicó, en declaraciones a Europa Press, que la Generalitat "mantendrá" la acusación particular ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, que investiga el caso.
En el denominado 'caso Treball' está imputados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental el ex conseller de Trabajo Ignasi Farreres y el ex secretario general del departamento Josep Maria Servitje, que supuestamente adjudicaron informes a empresas vinculadas a Unió Democràtica (UDC), formación en la que militan.
En un escrito remitido al juez la pasada semana, Acuña --ex cuñado del diputado de Unió Josep Sánchez Llibre-- asume toda la responsabilidad de la elaboración de los informes fraudulentos y exculpa a los entonces titulares de Trabajo, quienes, según su versión, eran ajenos al engaño. En el caso también está implicado el empresario Santiago Vallvé.
LA GENERALITAT TAMBIÉN SE MANTIENE EN EL 'CASO PALLEROLS'.
Por otro lado, Rañé explicó que la Generalitat "también mantendrá" el recurso en el 'caso Pallerols' contra el sobreseimiento provisional decretado en diciembre por la juez que investiga la supuesta financiación ilegal de Unió Democràtica a través de fondos de formación para parados, también administrados por Trabajo. "Al igual que la Fiscalía anticorrupción mantendremos el recurso", dijo a Europa Press.
La juez decidió archivar el caso después de que el Tribunal Supremo exonerara a los dos parlamentarios de Unió implicados, el diputado en el Congreso Josep Sánchez Llibre y el senador Pere Grau. La medida exoneratoria también benefició a otros 13 imputados no aforados. No obstante, queda pendiente un segundo procedimiento contra el empresario andorrano Fidel Pallerols por nueve delitos contra Hacienda relacionados con el funcionamiento de sus empresas.
El 'caso Pallerols' estalló tras un informe de la Guardia Civil que revelaba que la Conselleria de Trabajo que dirigía Ignasi Farreres había otorgado subvenciones a tres empresas de Fidel Pallerols para la realización de cursos de enseñanza para parados que, algunos de ellos, no se impartieron. El dinero, supuestamente, se había desviado para financiar a UDC.
