Los damnificados y amenazados tendrán derecho a la movilidad geográfica y reducción de jornada
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno bonificará con hasta 6.000 euros a las empresas que contraten a víctimas del terrorismo según la reforma laboral pendiente de aprobar en el Congreso. Además, los damnificados y amenazados tendrán derecho a la movilidad geográfica y reducción de jornada.
El Ministerio del Interior ha recordado este miércoles las enmiendas pactadas por el PP y UPyD para el proyecto de Ley de Reforma Laboral y que fueron aprobadas en la Ponencia que se celebró este martes en la Cámara Baja.
Según este acuerdo, las empresas que contraten a personas que sean víctimas del terrorismo recibirán bonificaciones de entre 600 euros y 1.500 euros anuales que se podrán prolongar durante un máximo de cuatro años.
El objetivo de la iniciativa es incentivar la contratación de los afectados por el terrorismo a fin de facilitar su presencia en el mercado de trabajo y, en consecuencia, contribuir a su mejor integración social.
El Ministerio del Interior ha asegurado que la la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo ha desarrollado en los últimos cinco meses una "importante labor" para dar respuesta a las necesidades de las víctimas.
Las bonificaciones previstas para las empresas serán descontadas al empleador de las cotizaciones que haga por el trabajador a la Seguridad Social. Estas bonificaciones serán de 50 euros al mes (600 euros al año) en contratos temporales y de 125 euros al mes (1.500 euros anuales) si son indefinidos, con la posibilidad de disfrutar del incentivo durante cuatro años, lo que arroja un total de 6.000 euros. En el caso de los contratos temporales, la bonificación permanecerá durante toda la vigencia del contrato.
TAMBIÉN LA FAMILIA DEL FALLECIDO O HERIDO
Pero además, se amplían estos derechos a la familia de la víctima, pudiendo beneficiarse de las ayudas el cónyuge o pareja de hecho e hijos tanto de fallecidos como de heridos.
Las enmiendas también introducen medidas para facilitar la movilidad geográfica y la reducción de jornadas para los damnificados por el terrorismo. De esta forma, los trabajadores que tengan la consideración de víctimas del terrorismo tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. Asimismo, la compañía estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes existentes.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, periodo durante el cual la empresa estará obligada a reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba el trabajador. Terminado este tiempo, la víctima del terrorismo podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo.
En cuanto a la reducción de jornada --con la disminución proporcional del salario--, las víctimas podrán disfrutar de esta medida, así como de la adaptación del horario laboral, al considerarse a las víctimas del terrorismo como un colectivo con especiales dificultades.
