MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El abogado del Estado, en representación del Gobierno, y la representación de la República de Guinea Ecuatorial coincidieron hoy en pedir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar, que acordó el pasado día 12, de la retirada del estatus de asilo político del dirigente opositor ecuatoguineano Severo Moto. La representación de Moto pidió que se mantenga la suspensión, para evitar su expulsión a Guinea, lo que, en su opinión, supondrá "su pena de muerte".
Durante la vista, el abogado del Estado recordó que el Consejo de Ministros decidió el pasado 10 de enero revocar la concesión de asilo de la que Moto disfrutaba desde marzo de 1986, al entender que había incumplido las obligaciones que dicho estatus conlleva, por haber contribuido a la preparación de un golpe contra el régimen guineano, con lo que había puesto "en grave peligro los intereses generales de España".
Como prueba de las intenciones golpistas de Moto, el abogado del Estado ofreció dos informes, uno de la Comisaría General de Información y otro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los que consta que Moto realizó "actos fundamentales" para reclutar mercenarios y comprar armas con las que intentar derrocar el régimen de Teodoro Obiang.
En este sentido, la Abogacía del Estado explicó que cuando se concede la condición de asilo a un persona, ésta no puede aprovecharse de su estatus para realizar prácticas ilegales, porque ello quiebra todos los acuerdos internacionales existentes. De ahí, que en su opinión deba levantarse la suspensión de la retirada del asilo. Además, insistió en que aunque se confirme la pérdida del estatus, ello no implica que Moto sea expulsado a Guinea, sino que lo sería a un tercer país.
La representación de Guinea Ecuatorial, tras recordar que el pasado mes de febrero pidió a España la extradición de Moto, utilizó un argumento similar al afirmar que "no es matemático la revocación del asilo y la expulsión", porque lo único que significa el primer concepto es que pierde los beneficios que conlleva el estatus.
Insistió en que cuando esto ocurre, la persona reclamada nunca puede ser expulsada el país supuestamente perseguidor. Además, pidió al tribunal que tenga en cuenta los intereses generales frente a los personales de Moto.
"RIESGO DE MUERTE".
Por su parte, el abogado de Moto, Francisco Eduardo Fernández Goberna, insistió en que si el tribunal retira la suspensión, lo que supone la retirada de la condición de asilado, Moto corre el riesgo de ser asesinado, como, según él, se intentó hacer recientemente en Alcorcón (Madrid) con dos de sus colaboradores. No obstante, la Audiencia Nacional rechazó la competencia para investigar estos crímenes, al considerar que eran comunes y que no tenían vinculación con una trama para asesinar a opositores ecuatoguineanos.
Fernández Goberna negó que Moto hubiera querido preparar un golpe de Estado contra Guinea y mencionó una conversación entre un diplomático estadounidense y el opositor ecuatoguineano, en la que le anunció que si es expulsado a Guinea sería asesinado. Además, recordó que durante un viaje a Croacia, Moto fue advertido por los servicios secretos de aquel país que los de España iban a matarle, afirmó el letrado.
"Aceptar el acto administrativo que supone la deportación -dijo Fernández Goberna- es condenarle a muerte, cuando todo lo que ha hecho en su vida es luchar por la democracia." Además, insistió en que si en España no está absolutamente seguro, en otro país su situación sería peor.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo deberá decidir ahora, tras escuchar a las partes personadas, si mantiene, levanta o modifica la medida cautelar que adoptó el pasado día 12 de suspender la retirada del estatus de asilado a Moto.
Andalucía
