Recalca que el Ejecutivo recurrirá las resoluciones del Parlament: "son una clara extralimitación y ataque a la convivencia entre catalanes" La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha querido enviar hoy un mensaje de "serenidad y firmeza" contra lo ocurrido ayer en el Parlamento de Cataluña y ha advertido al presidente catalán, Joaquím Torra, de que el Ejecutivo no dudará en utilizar la Constitución "si fuera necesario" para defender los valores y el sistema democrático contra los que quieran vulnerarlo. En este sentido, ha precisado que "si se dieran las circunstancias" para aplicar el artículo 155 de la Constitución, este Gobierno "lo haría", pero cree que "no se dan". Celaá ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recalcado la firme decisión del Ejecutivo de recurrir los acuerdos aprobados ayer por los independentistas en el Parlamento catalán por suponer una "clara extralimitación y ataque a la convivencia entre catalanes". Se trata de los acuerdos de la Cámara legislativa catalana, que salieron adelante con los votos de ERC, JxCat y la CUP, en los que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, acuerda una respuesta institucional contra la sentencia del 'procés' y reclama una amnistía total para los políticos presos. La Portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que el Gobierno no va a cejar en su propuesta de "diálogo" para solucionar un problema que, ha dicho, "concierte a todos y puede tragarse a una generación de españoles y catalanes en el bucle de constante división". Pero, ha advertido también que, aunque "la Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo", también "lo será si fuera necesario para la defensa de nuestros valores y nuestros sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo". Sin embargo, cree que ahora no se dan las "circunstancias" para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque no se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado "gravemente el interés general", ya que lo aprobado ayer en el Parlamento de Cataluña no eran leyes, sino "proposiciones no de Ley", "resoluciones que no están en la Ley". No son las leyes de desconexión como las aprobadas en la Cámara catalana de septiembre de 2017, según ha precisado Celaá. A juicio de la portavoz, las resoluciones que el Gobierno quiere impugnar "parece que van en la dirección de tensionar" la sociedad justo en un momento en que ha disminuido notablemente el porcentaje de catalanes que apuestan por mantener el desafío unilateral contra el Estado. Por el momento, el Gobierno tiene previsto impugnar las resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento catalán. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucciones a la Abogacía del Estado con el fin de que estudie su contenido y puedan ser impugnadas, previsiblemente ante el Tribunal Constitucional. LA ABOGACÍA ESTUDIARÁ SI HA HABIDO RESPONSABILIDAD PENAL La Abogacía, según Celaá, también habrá de dirimir si la mayoría de la Mesa del Parlament ha podido incurrir en algún tipo de responsabilidad penal por tramitar unas resoluciones que, en algunos casos, incidían en elementos ya invalidados por el Constitucional, como referirse a la legitimidad del referéndum del 1 de octubre. Como es preceptivo, antes de impugnar estas resoluciones del Parlament, el Consejo de Ministros encargará un informe al Consejo de Estado, que no será vinculante. Este Gobierno, ha recalcado Celaá, "no está dispuesto a consentir un ataque a la Constitución y el Estatuto de autonomía". La respuesta, ha insistido, será de "respeto y diálogo" frente a la crispación y "frente a los que quieran recorre el camino desorden o incluso de posible violencia". Isabel Celaá también ha repetido las palabras de Pedro Sánchez de rechazo de las afirmaciones de Joaquím Torra, que acusa al Estado de querer criminalizar a los independentistas o a quienes piensan de manera diferente por el mero hecho de serlo. Por ello, ha vuelto a reclamar a Joaquím Torra que "deje claro su respeto a las leyes de la democracia y el respeto a los principios del Estado de derechos, uno de cuyos fundamentos básicos es la separación de poderes. En este último sentido, ha recordado que la Guardia Civil ha actuado como policía judicial, a las órdenes de la Audiencia Nacional y ha realizado un trabajo "discreto y digno de reconocimiento y respeto". Así, ha afirmado que los detenidos en la operación que se desarrolló en Cataluña contra miembros de los CDR que tenían material para fabricar explosivos y objetivos seleccionados, "tendrán que responder de sus actos ante la justicia". "Es la forma que tiene el Estado de derecho de preservar la seguridad de todos, su trabajo está para salvaguardar nuestra convivencia", ha apostillado.
