Presenta en Madrid el borrador de un primer decreto que reconoce a abusos contra personas "sin vocación política que pasaban por allí"
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendía, ha anunciado la futura puesta en marcha de un decreto que actualmente se encuentra "en fase de estudio" y en el que se reparará a etarras a los que se pueda acreditar que les fueron vulnerados sus derechos.
Así lo ha explicado Mendía este jueves en Madrid, donde ha presentado el borrador de un primer decreto mediante el cual el Ejecutivo de Patxi López pretende reconocer a "las víctimas de sufrimientos injustos" cometidos entre 1968 y 1978 "en el contexto de la violencia política vivida".
Según ha explicado la Consejera durante la celebración de un desayuno de trabajo con periodistas, hay diferencias entre el primer decreto, en el que tan sólo se reparará a personas "que pasaban por allí" sin ninguna vocación política, y el segundo, que será más amplio y sobre el que ha reconocido que se generará más polémica.
"Hay que distinguir entre victimario y víctima por haber sufrido una vulneración de sus derechos", ha dicho Mendía, para luego advertir de que en el segundo decreto habrá casos en los que se reconozca a personas "que cumplan la doble condición".
Al ser preguntada por el caso de Mikel Zabalza --presunto miembro de ETA al que no se volvió a ver con vida tras ser detenido en 1985--, la consejera ha dejado claro que al ser unos hechos posteriores a 1976 no entrarán a ser reconocidos en el primer decreto, pero que en el segundo en fase de estudio, "este caso sí sería reconocido".
"RECONOCER CUANDO NOS HEMOS PASADO"
'Decreto de declaración y reparación integral de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la comunidad vasca entre los años 1968 y 1978 en el contexto de la violencia'. Esta es la denominación del primer decreto presentado hoy en Madrid.
"Se trata de reconocer cuando nos hemos pasado", ha explicado Mendía, quien ha añadido que las personas reconocidas en este proyecto "son personas que pasaban por allí y que no eligieron ser víctimas". "Eso nos legitima y legitima a las Fuerzas de Seguridad", ha añadido Mendía, quien no ha escondido además el interés de contrarrestar el discurso "de las dos violencias" de la izquierda abertzale.
A su juicio, "es importante que desde las instituciones se reconozca a esas personas porque a la izquierda abertzale le gusta hacer suyas esas víctimas cuando no lo son, no tenían motivación política". "La violencia de ETA siempre es ilegítima, aquí estamos hablando de determinados comportamientos de funcionarios públicos dentro de un contexto político", ha dicho antes de situar algunos ejemplos.
"SE CRUZÓ CON UN GUARDIA CIVIL Y MURIÓ"
Mendía se ha referido a casos concretos como "muertos en controles de carreteras", el caso de una señora que en el marco de una manifestación se asomó a su ventana y fue "alcanzada por una bala perdida" o el caso de un joven que tocaba en un grupo de música y se recorría varias discotecas y una noche de vuelta a casa "se cruzó con un guardia civil que no estaba de servicio y murió". "Creo que esas personas que han muerto injustamente merecen ser reparadas", ha remachado.
Según el redactado del borrador, por medio de este decreto se reconocerá el fallecimiento, la gran invalidez, la incapacidad permanente total y parcial y las lesiones permanentes no invalidantes que hayan sido ocasionadas como consecuencia de acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas por parte de agentes de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios públicos. No obstante, deja fuera a los etarras muertos o heridos en enfrentamientos con la policía o en el marco de acciones criminales.
"En ningún caso se considerarán injustos aquellos (tratos) sufridos en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por quienes la realizarán o pretendieran realizarla, aunque el fallecimiento o las lesiones se produjeran por los actos legítimos de la autoridad para evitar esa acción violenta", aclara el borrador.
Por el momento, los cálculos del Gobierno vasco apunta a unas 60 personas que se verían beneficiadas con este proyecto. Preguntada acerca de las listas de personas a las que se les aplicaría este reconocimiento, ha explicado que en este momento se encuentran "en la fase de contactar con las personas afectadas para acreditar si eran, o no eran. Se está empezando a recabar información y ya se ha acudido al registro civil en busca de actas de fallecimiento".
RECORTES DE PRENSA
"Ahora estamos en un contexto previo, nuestro afán no es buscar a los causantes de estos hechos, sino acreditar que aquellos hechos fueron ciertos y por tanto se deben reparar", ha insistido la consejera, quien ha asegurado que se usan como referencias los partes hospitalarios, certificados de fallecimientos, testimonios, procedimientos judiciales de la época o incluso recortes de prensa". Se contemplan además entrevistas personales con los solicitantes.
Preguntada acerca del malestar que este borrador ha generado en las víctimas del terrorismo, la consejera ha reivindicado la gestión del lehendakari, Patxi Lopez, y su política de "tolerancia cero contra el entorno de ETA". Ha defendido que ha sido el Gobierno del PSE el que ha llevado a las víctimas del terrorismo a las aulas de los colegios y ha recordado que gracias a la gestión del Gobierno López se ha reforzado la oficina de atención a las víctimas en la Audiencia Nacional.
HASTA 390.000 EUROS DE INDEMNIZACIÓN
En virtud de este decreto los familiares de un fallecido recibirán 135.000 euros; por causa de gran invalidez, 390.000; por incapacidad permanente absoluta, 95.000; por incapacidad permanente total, 45.000; por incapacidad permanente parcial; 35.000 euros. En el caso de lesiones permanente no invalidantes se fijarán en función del baremo de la Ley de la Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos de Motor.
Mendía ha anunciado que se establecerá un plazo definido para la entrada en vigor de este decreto, cuyo borrador ya ha sido enviado a numerosas asociaciones vascas. Preguntada acerca de las críticas vertidas por el PP a este proyecto, la consejera ha dicho que fue una iniciativa gestada en el Parlamento Vasco con la que el PP se mostró de acuerdo y tan sólo se opuso a que se realizase una ponencia, cosa que no se ha hecho.
