Gobierno vasco seguirá "legitimando social y políticamente" a la Justicia y reclamará como propios a los jueces vascos

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia, Idoia Mendia, afirmó hoy que el Gobierno de Patxi López seguirá "legitimando social y políticamente" a la Administración vasca de Justicia, y reclamará como propios a los jueces y fiscales que ejercen sus labores en Euskadi. Además, confió en que el acuerdo de traspaso de prisiones a la Comunidad Autónoma Vasca llegue "pronto", y apuntó que, mientras, su Departamento irá asumiendo progresivamente competencias en esta materia.

En su discurso en el desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, Mendia manifestó que, "al aceptar la cartera de Justicia en el Gobierno de Patxi López", se fijó como prioridad "recomponer la relación institucional con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y con el resto de colectivos implicados en la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público de Justicia: fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, notarios, sindicatos y representantes del personal".

La titular vasca de Justicia señaló que, desde el principio, ha tenido "claro que, de espaldas a estos colectivos, es imposible la mejora". "Y hoy puedo decir con satisfacción que, existiendo entre ellos una pluralidad de intereses que es preciso armonizar, su relación con el Gobierno vasco puede calificarse de buena o muy buena", aseveró.

Tras subrayar que puede haber "discrepancias e incluso opiniones divergentes sobre los problemas de la Administración de Justicia", señaló que la solución "se aborda desde el diálogo y la complicidad de todos los sectores directamente implicados".

En esta línea, apuntó que ello "no quiere decir" que no se tenga que "seguir haciendo un esfuerzo permanente de legitimación social y política" de la Administración vasca de Justicia, es decir, "reivindicar permanentemente a nuestros jueces, secretarios, abogados, procuradores, funcionarios y demás personal de Justicia como propios, como 'los nuestros'".

PLAN DE MODERNIZACIÓN

Asimismo, subrayó que el Gobierno vasco está "colaborando de forma entusiasta" con el Plan de Modernización puesto en marcha por el Ministerio. En este sentido, recordó que éste incluye "un conjunto de reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán durante los próximos tres años".

De esta forma, explicó que, "con el despliegue de la nueva oficina judicial y fiscal, la organización judicial ganará en racionalidad y eficiencia". Además, destacó que Irun y Getxo acogen ya una experiencia piloto de funcionamiento de la nueva oficina judicial y en los próximos tres años se procederá a su implantación integral, comenzando por los partidos judiciales "más simples", para terminar "en los más complejos".

En esta línea, apuntó que primero se implantará en Vitoria, en el año 2011, después, en San Sebastián y Barakaldo, en 2012, y a partir de enero de 2013, en Bilbao.

En materia de informática judicial, aseguró que su departamento sigue trabajando "para lograr unos sistemas que interoperen con los demás operadores jurídicos, que redunden en una optimización de los recursos y mejora en la prestación del servicio público".

Para ello, se ha elaborado un programa de actuaciones para los próximos tres años en el marco del "Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad", suscrito el 9 de diciembre de 2009 con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

MATERIA PENITENCIARIA

En materia penitenciaria, aseguró que se irán "dando pasos para asumir progresivamente la competencia que nos otorga el Estatuto". En esta línea, manifestó que "se está negociando ya el traspaso del personal sanitario y educativo de prisiones".

Con este fin, afirmó que se han realizado "diferentes estudios del impacto económico que supone". "Queremos avanzar en la gestión de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad y estamos trabajando también en la elaboración de un programa integral de necesidades e itinerarios para la población reclusa y penada, del que ya existe un primer esbozo", indicó.

En este sentido, señaló que estas líneas de actuación "vienen determinadas por la progresiva asunción de las materias que integran la competencia de instituciones penitenciarias, atendiendo de forma prioritaria a aquellos sectores y áreas de actividad más necesitados".

"Confío en que el acuerdo con el Gobierno central llegará pronto, pero tengo claro que, mientras llega, el Gobierno vasco no va a actuar, como ocurrió en el pasado, de espaldas a la realidad de los tres centros penitenciarios vascos en los que cumplen condena unos 1.500 hombres y mujeres", aseguró.

Su pretensión es "mejorar en lo posible sus condiciones de vida", que es "el fin último del proceso gradual de asunción de la competencia de prisiones" que el Departamento de Justicia se ha planteado.

MEDIACION PENAL

Mendia destacó que uno de sus grandes retos es avanzar por la igualdad y la justicia "entendida como un servicio público de calidad para toda la ciudadanía, en especial, para los que menos tienen". Por ello, dará "un impulso definitivo a la mediación penal, familiar, de conflictos entre vecinos, de consumo, etc".

"Los grandes asuntos, los de varios millones de euros, no se solucionan en los tribunales de Justicia, sino en grandes despachos de abogados, en fructíferas negociaciones. Nosotros queremos universalizar los sistemas de mediación para que cualquier ciudadano", manifestó.

A su entender, es necesario "potenciar los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, ya no sólo por un motivo de eficiencia del sistema, sino también por compromiso con una idea de justicia que descansa en la paz social", que "es uno de los grandes objetivos para esta legislatura".

"Para ello, es urgente reorganizar y unificar los recursos existentes, centros de mediación en el ámbito familiar y sistema de mediación penal mayoritariamente, y promover su creación allí donde actualmente no llegan", indicó.

Asimismo, dijo que la igualdad impone, fuera de los servicios de resolución extrajudicial de conflictos, "que el ciudadano, independientemente de su capacidad económica, pueda acceder a la jurisdicción para la adecuada tutela de sus intereses".

De esta forma, pretende "prestar un servicio profesional de calidad, que no menoscabe ni limite de forma alguna los derechos de defensa y representación del ciudadano, para lo que resulta indispensable la necesaria colaboración de los colegios profesionales y gestionar debidamente los recursos públicos destinados a tal fin"

PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Idoia Mendia también se refirió al personal al servicio de la Justicia, del que dijo que "es el gran pilar" del sistema judicial, y reconoció "los déficits existentes en prevención de riesgos y salud laboral, interinidad e inestabilidad de los funcionarios públicos", y se comprometió a "remediarlos".

La titular de Justicia apuntó que "se han planteado diversas soluciones", cuyos "frutos" se empiezan a ver "en continuadas conversaciones con los sindicatos", y aseguró que se han dado "los primeros pasos para la creación de un servicio propio de prevención", que espera que se consolide en el futuro. Asimismo, abogó por "la estabilidad del funcionariado".

Por último, recordó su "propósito decidido" de promover el acceso a profesiones jurídicas desde un sistema público o con soporte publico de formación como garantía del principio de igualdad y para el "enraizamiento social y promoción de las singularidades culturales y lingüísticas".