BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Govern y consellera de Gobernación, Joana Ortega, ha anunciado este miércoles que estudian aplicar en Cataluña la propuesta del Gobierno central de que los trabajadores de la función pública de baja no cobren la totalidad de su salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal.
En declaraciones en una pausa de su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, ha asegurado que la norma forma parte de una ley básica, por lo que la Generalitat deberá aplicarla en caso de que se apruebe la modificación.
Entre las medidas que prevé la norma estatal está "la modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo", y que el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realicen en días en lugar de meses.
A falta de que el Govern conozca en profundidad los posibles cambios, Ortega ha manifestado que no pueden comprometerse a mantener los tres meses de bonificación del sueldo íntegro en el caso de una baja laboral de un funcionario, como estaba previsto hasta el momento.
Si se aplicara la propuesta del Gobierno, los trabajadores de la Generalitat podrían pasar de cobrar el 100% de su sueldo en los tres primeros meses en caso de baja a sólo durante los tres primeros días, equiparándose así a la situación de un empleado del sector privado.
Tras dejar claro que la medida tendría efecto sobre todos los trabajadores públicos de la Generalitat, Ortega ha explicado que tiene pendiente reunirse con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para abordar estos temas relacionados con la función pública y cuestiones vinculadas con los ayuntamientos.
Tampoco ha concretado cómo puede afectar a la función pública el nuevo recorte de 1.500 millones de euros que debe realizar la Generalitat para cumplir con el déficit y a la espera de que el Gobierno detalle sus ajustes y sus compromisos con Cataluña.
Aunque ha resaltado que los ajustes en función pública han sido ya "suficientemente fuertes y contundentes", ha emplazado a esperar a ver cómo lo abordan en el seno del Govern, destacando que su objetivo es preservar el máximo de puestos de trabajo.
En su comparecencia para explicar el Plan de Empleo para la Racionalización de la Organización y la Optimización del Personal de la Generalitat, Ortega ha subrayado que ya están trabajando para preparar un proyecto de ley de la Función Pública, que debe estar acabado antes del 31 de marzo de 2013, según consta en una moción aprobada en el pleno de la semana pasada.
También, y en cumplimiento de esta moción, ha señalado que avanzarán del 31 de octubre al 31 de julio la presentación del diagnóstico que cada departamento tiene sobre sus necesidades de racionalización y optimización de personal.
La consellera también ha criticado que sindicatos y partidos les acusen de que 40.000 trabajadores públicos se verán afectados por el plan de reorganización de funcionarios cuando, según ella, "como máximo" serán un millar.
"Nadie se puede creer un cambio que afecte a 45.000 personas. Hay que ser más rigurosos a la hora de dar crédito a las elucubraciones que se lanzan al debate público. Es un gesto de irresponsabilidad, de falta de madurez y de argumentos", ha concluido.
