Consideran que se trata de un "juicio político" soportado en "especulaciones" e informes policiales "imparciales"
BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un grupo formado por 17 abogados, profesores universitarios y periodistas han presentado un manifiesto en el que solicitan el sobreseimiento del sumario 35/02, que enjuiciará a partir del 17 de octubre a 40 personas por supuestos delitos en la gestión económica de las 'Herriko Tabernak', al considerar que se trata de un proceso penal "político" y un "disparate" sustentado en "especulaciones e hipótesis" alimentadas por informes policiales "imparciales".
Varios de los firmantes del documento, entre ellos los abogados Félix Cañada, Txema Montero y Nazario Oleaga, junto al catedrático de Ciencia Política jubilado, Pedro Ibarra, el Profesor Universitario de Derecho Penal, Rafa Sainz de Rozas, y el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, han presentado en la sede del Colegio de Abogados de Vizcaya el manifiesto en el que, además, solicitan que desaparezca de "todos" los procesos judiciales la aplicación del principio conocido como 'Derecho Penal del Enemigo'.
Según los firmantes, el juicio supone, igualmente, un "ataque" a "todos los que en la sociedad vasca estamos a favor de construir unos espacios de convivencia con respecto al pluralismo y sobre bases totalmente democráticas".
Asimismo, y "de la misma forma que estos valores constituyen una base cívica común frente al terrorismo y a la propia existencia de ETA", han realizado un llamamiento a la sociedad civil y a personas "de todas las ideologías y opciones políticas" a que "unan su voz" y se sumen a las reivindicaciones recogidas en el manifiesto.
En concreto, el grupo que ha suscrito el documento está formado por, además de los ya citados, los abogados Xabier Ezeizabarrena, Angel Gaminde, Feli Marin y Esteban Umerez; el profesor titular de Teoría del Derecho, Joxerramon Bengoetxea, el catedrático de Derecho Administrativo Iñaki Lasagabaster, la Doctora en Derecho Maria José Virto y el catedrático de Comunicación Ramón Zallo; y los periodistas Mariano Ferrer, Maddalen Iriarte y Mirentxu Purroy.
"A todos nos une una larga trayectoria de defensa de las libertades públicas y fundamentales, tanto para rechazar la violencia política y el terrorismo de ETA como para denunciar las vulneraciones de las libertades y derechos fundamentales de cara a construir una sociedad democrática", han manifestado al iniciar la lectura del documento.
40 ENCAUSADOS
Entre los 40 encausados en el proceso se encuentran miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB), Batasuna y Euskal Herritarrok (EH), entre ellos Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarria y Joseba Permach, a quien se les acusa, además de un posible delito en la gestión económica de las 'Herriko Tabernak', de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes. Para los tres se solicitan penas de prisión de doce años.
Los firmantes consideran que el sumario, iniciado en 2002 por el juez Baltasar Garzón, "pretende elevar a pruebas periciales" unos informes policiales "sin comprobación fáctica alguna". "Y todo ello en aras de conseguir la condena penal de aquellos que han mostrado una afinidad ideológica con algunos postulados políticos de ETA", han denunciado.
En este sentido, recuerdan que en la investigación "no se ha podido comprobar un solo hecho concreto de vinculación orgánica o colaboración" con la banda terrorista. A su juicio, el sumario "amplia" el concepto de organización terrorista a un "amplísimo entorno sociológico" al que se atribuyen "con mayor o menor fundamento, afinidades ideológicas, culturales o simpatías".
Además, en relación a la intervención, registro e incautación de documentación contable de 114 de estos centros afines a la izquierda abertzale y de la gestoría Banaka, los firmantes sostienen que dicha operación policial se justificó por el Juzgado y los informes policiales en "una fotocopia de una cara" de un documento titulado "Reunión de responsables de Proyectos Udaletxe", de autor "desconocido", que "parecen ser los apuntes" de una supuesta reunión "de la que no se sabe dónde, cuando y quienes participaron y qué proyectos se trataron realmente".
Según aseguran los firmantes del manifiesto, se trata del mismo documento por el que se incluyó en el sumario 18/98 a la organización AEK, que quedó luego fuera del sumario "al quedar patente que las imputaciones no tenían ningún soporte". Lo mismo ocurrió con el caso 'Egunkaria', aseguran, que tras ocho años de sumario terminó con una sentencia absolutoria.
RELATO "INTERESADO"
Así, critican se trata de informes policiales "que construyen un relato interesado", basado en "un imaginario y no en hechos concretos". "Todo ello sin que se haya dado noticia de una sola reunión, sin que se haya identificado a un solos representante de esos proyectos Udaletxe, sin que se haya detallado y concretado una sola operación económica de financiación de ETA o a ETA", han agregado los defensores del manifiesto.
Además, han denunciado que se solicitan "elevadísimas" penas de cárcel a unos dirigentes y a unos militantes de organizaciones políticas "que eran legales" en el periodo de los hechos enjuiciados, "exclusivamente" en base a informes policiales que, "sin ningún apoyo probatorio, construyen una especulativa historia por la cual a tales dirigentes les señala como responsables de la actividad violenta de ETA".
Por todo ello, advierten que estamos ante un caso de "utilización abusiva del proceso penal, de naturaleza inquisitorial", que tiene como finalidad "extirpar del pluralismo político una opción, unas opiniones o ideas políticas que deben ser admitidas como lícitas y posibles en democracia".
