Su abogado desmiente que haya eliminado papeles objeto de la investigación
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El técnico municipal José Antonio Jodar, imputado en el 'caso Guateque', responderá hoy ante el juez instructor Santiago Torres sobre un presunto delito de encubrimiento en su modalidad de intento de destrucción de pruebas por la desaparición de varios expedientes de las oficinas de la Gerencia de Urbanismo que le implicaban con la presunta trama corrupta descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El área de Función Pública de Urbanismo abrió a finales de enero a Jodar, actualmente suspendido de empleo y sueldo, un expediente sancionador después de conocer que se llevó el expediente de licencia de una empresa situada en la calle del Pez (distrito Centro). Jodar se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros y con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 10 y 24 de cada mes. Hasta ahora, se le acusaba de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Según denunció el Ayuntamiento de Madrid, Jodar acudió el pasado 25 de enero a las oficinas del Área de Urbanismo de la calle Guatemala para supuestamente destruir una serie de documentos y expedientes que le relacionaban directamente con la presunta red ilegal de tráfico de licencias.
El abogado del funcionario, Alfredo Gómez Mendizábal, aseguró a Europa Press que "de todo lo que se dice nada es cierto" y desmintió que su representado haya "destruido pruebas" de la investigación, asegurando que el 25 de enero acudió a Urbanismo a trabajar. "Estamos sorprendidos porque Jodar no ha cometido ningún delito", apostilló el letrado, quien remarcó que en la calle Pez su cliente "no tiene nada".
DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
Por estos hechos, el funcionario comparecerá mañana por un presunto delito de encubrimiento contemplado en el artículo 451 del Código Penal, en la modalidad de intento de destrucción de pruebas. Esta infracción penal está castigada con entre seis meses a tres años de prisión.
Se basa en que "el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución", (apartado 2º) "ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento".
Andalucía
