El partido está procesado o acusado como partícipe a título lucrativo y responsable civil en varios procedimientos
MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular (PP) y algunos de sus cargos mantienen abiertos varios frentes judiciales coincidiendo con la exigencia de Ciudadanos de crear una comisión de investigación parlamentaria que se centre en la presunta financiación ilegal y el caso Bárcenas.
Las causas que implican al extesorero de la formación, derivadas de la trama Gürtel, son sólo parte de ellas. La 'Púnica' o la operación Taula también afectan a la formación y a varios de sus cargos, la mayoría de ellos ya apartados del partido. Estos tres procedimientos, han generado más de una veintena de piezas.
La Gürtel es la investigación más antigua --arrancó en febrero de 2009 con las primeras detenciones-- y la que más microprocesos ha generado. El PP se encuentra procesado como persona jurídica en uno de ellos, el que investigan los juzgados de Madrid por la destrucción de los discos duros de los ordenadores utilizados por su extesorero Luis Bárcenas.
De hecho, ha sido la formación que ha estrenado esta figura judicial, introducida en la reforma del Código Penal de enero de 2014, y se ha convertido en el primer partido que corre el riesgo de sentarse en el banquillo por delitos de daños informáticos y encubrimiento.
Junto al PP, la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid mantiene procesados a otros tres 'populares', su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán.
La investigación sobre la eliminación de los datos de los portátiles de Bárcenas es sólo una derivada de un caso mucho más amplio en que se investigan las relaciones del partido con la trama Gürtel.
La causa inicial, que partía de la actividad ilícita de las empresas de Francisco Correa en sus tratos con el PP, acabó desgajándose en múltitud de piezas separadas o procedimientos independientes que se encuentran en distintas fases y que salpican a la formación y varios de sus cargos.
La más avanzada es la bautizada como 'Gürtel época uno' sobre las actividades de la red entre los años 1999 y 2005, que tiene señalado el inicio del juicio para el próximo 4 de octubre. En ella el PP ha afrontado el depósito de una fianza de 245.492 euros como presunto partícipe a título lucrativo por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. También figura como partícipe la exministra de Sanidad Ana Mato, para la que se fijó una fianza de 28.467 euros.
Entre los acusados se encuentran además tres extesoreros de la formación, Luis Bárcenas, su antecesor Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, así como el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo; el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente; los exalcaldes Ortega y Sepúlveda y el exdiputado nacional Jesús Merino.
PAPELES DE BÁRCENAS
En otra de las causas que afectan a la formación, en este caso por presuntamente financiarse con 'cajas B', desde 1990 hasta, al menos, el año 2008 --bautizada como 'los papeles de Bárcenas'-- el PP tuvo que afrontar en mayo el depósito de una fianza de hasta 1,2 millones como responsable civil subsidiario.
La apertura de un juicio para el que aún no hay fecha afecta de nuevo de los extesoreros Bárcenas y Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede nacional del PP Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero.
Los negocios sucios de la trama en distintas localidades han generado otras investigaciones. En concreto, seis piezas sobre Valencia, y varias más sobre localidades de Madrid, Andalucía y Castilla y León.
En relación con estas, el PP será juzgado también como presunto partícipe a título lucrativo por beneficiarse de 204.198 euros por los contratos adjudicados a la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.
En otra piezas desgajadas del procedimiento de la Gürtel, el juez de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, indaga sobre los supuestos sobornos de la trama Gürtel al exdirector de comunicación de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) Ángel López de la Mota y su colaborador Javier Gavari.
LA RAMA VALENCIANA
En cuanto a la rama valenciana de la Gürtel, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que instruyó las piezas hasta que los aforados presentaron su dimisión y el caso volvió a la Audiencia Nacional, cifró la financiación ilegal de la formación regional en cuatro millones de euros.
Como cargos afectados figuran, entre otros, el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que se enfrenta a una petición fiscal de penas de 11 años por impulsar la contratación de una empresa pantalla de la trama 'Gürtel' para retransmitir la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006. En esta pieza, la Generalitat valenciana consta como partícipe a título lucrativo.
No es esta la única investigación que afecta a la formación en Valencia, donde se investiga la comisión de un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene pendiente decidir en las próximas semanas si abre causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de este caso.
La Fiscalía del alto tribunal informó a finales del pasado mes de julio en favor de investigar a la senadora autonómica por este asunto en el que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE PÚNICA
Otra de las causas que afectan al PP es la 'trama Púnica', en la que, en una de sus piezas, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga la presunta financiación irregular de la formación en Madrid lo que provocó un registro de la sede el pasado mes de febrero. La policía judicial ya había accedido al edificio en otra ocasión en el marco de la trama Gürtel.
El juez investiga la adjudicación irregular de contratos en tres comunidades autónomas, una diputación y una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Entre los principales encausados se encuentra el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, considerado cabecilla de la trama junto al empresario David Marjaliza.
Esta macrocausa también ha quedado dividida en piezas. El pasado mes de julio, Velasco finalizó la instrucción de la denominada 'pieza I Talamino', una de las catorce separadas formadas por el momento y en la que ha propuesto juzgarle --junto a dos guardias civiles-- por el delito de aprovechamiento de revelación de secretos por el supuesto 'chivatazo' que recibió de un agente del Instituto Armado sobre la investigación que estaba realizando la Unidad Central Operativa (UCO) a Marjaliza.
