MAJADAHONDA (MADRID), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sala primera del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado la primera de las 112 demandas que presentó el denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, contra el Ayuntamiento de Majadahonda por vulneración de sus derechos fundamentales cuando fue concejal de dicho Consistorio al impedírsele votar en las comisiones informativas municipales.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, reconoce en su fallo el "derecho a la participación política en condiciones de igualdad" de los ex concejales José Luis Peñas y Juan José Moreno.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de Peñas, Ángel Galindo, ha explicado que los ex concejales presentaron la denuncia cuando formaban parte del Ayuntamiento de Majadahonda, una vez que fueron expulsados del PP en 2005.
"Una vez expulsados del partido, el PP de Majadahonda decidió no respetar los derechos fundamentales de estos dos concejales durante tres años y les negó hasta la posibilidad de votar en las Comisiones Informativas y de constituir el Grupo Mixto. Los concejales expulsados son los únicos que tienen derecho a constituir el Grupo Mixto, no los tránsfugas o los que abandonan el grupo por el que fueron elegidos. Ellos fueron expulsados del PP, por lo tanto no son tránsfugas", ha relatado Galindo.
El letrado ha explicado que cada vez que "se impedía votar" al ex concejal del PP, éste demandó al Ayuntamiento de Majadahonda, denunciando la "vulneración" de su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, previsto en el artículo 23. 2 de la Constitución Española.
El caso, según el abogado, acumula en el Tribunal Constitucional más de 40.000 folios, ya que "112 demandas de Amparo". Galindo considera que esta demanda, al ser idéntica los 111 recursos de amparo pendientes de resolver conllevará que se declare "la nulidad de 222 sentencias de primera instancia y de apelación". Para ello se basa en que el Fallo del TC se ha emitido "con apoyo en doctrina jurisprudencial consolidada en la sentencia 169 /2009, que amparó a unos Diputados Provinciales expulsados de PSOE".
De este modo, el abogado ha indicado que en la actualidad, de los 112 recursos de amparo presentados, 45 han sido admitidos a trámite y 11 han sido inadmitidos. "Todos ellos son idénticos. Aún quedan 56 pendientes de admisión", ha subrayado.
"Es el momento de confiar en los jueces, en nuestras instituciones y en el Estado de Derecho. Hay que fortalecerlo frente a los que lo atacan y quieren desacreditarlo", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "el Tribunal Constitucional ha puesto orden en esta gran injusticia". "Es el momento de apoyar y confiar en nuestros Jueces, Fiscales, Policía y Guardia Civil frente a tanta corrupción política", ha concluido el abogado del denunciante del caso Gürtel.
Al respecto, el candidato del PSM a la Alcaldía de la localidad, Borja Cabezón, ha señalado que la sentencia pone de manifiesto una "acusación gravísima" para una institución democrática y que es una "muestra más del desprecio del PP hacia las instituciones democráticas".
"Desgraciadamente la relación entre el Ayuntamiento de Majadahonda y la trama Gürtel se estrecha y es a día de hoy prácticamente una sola cosa", ha puntualizado.
"LA RELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO CON LA TRAMA ES IGUAL A CERO"
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, fuentes municipales han acusado al candidato socialista de "no saber" que el Ayuntamiento, "con Narciso de Foxá a la cabeza, rompió todas las relaciones con el grupo de empresas de Correa".
"La relación del actual Equipo y del Ayuntamiento con la trama es igual a cero. Se dejó la OAC, se despidió a la mujer de Correa y, gracias a De Foxá, se paró el concurso de unas parcelas que pretendía favorecer a ese grupo y que luego se vendieron por 61 millones más del precio previsto", han subrayado.
"Si Majadahonda vuelve a estar en la primera línea de la actualidad política, como dice Cabezón, es porque desde que Narciso de Foxá llegó a la alcaldía en 2005 las cuentas municipales están equilibradas, se han cerrado todos los ejercicios presupuestarios y el déficit ha pasado de 33 millones de euros a cinco millones gracias a políticas de contención del gasto público. Unas cuentas absolutamente rigurosas, transparentes y públicas que son fiscalizadas anualmente por la intervención municipal y remitidas al Tribunal de Cuentas", han puntualizado.
Respecto a la sentencia, han hecho alusión a que el TC "mantiene" la doctrina que él mismo sentó en otra sentencia dictada en un asunto similar, la STS 169/2009 y "se remite constantemente a ella".
"La decisión de considerar a Peña y Moreno como concejales no adscritos, no vulnera ningún derecho fundamental. El propio Tribunal aclara cuál ha de ser el alcance de su sentencia, indicando expresamente que no cabe adoptar medidas de restablecimiento del derecho vulnerado. Los efectos de la sentencia se limitan a reconocer que la pretensión queda satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho y la nulidad del acto de la Corporación que impidió su ejercicio", han concluido.
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