MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, Federico Trillo, acusó hoy al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, de "multiplicar la confusión" al anunciar que fue él quien ordenó la actuación policial realizada al ex tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, y denunciada por éste en un juzgado de Madrid. Según Trillo, el juez "no tiene competencias" para ordenar actuaciones sobre su compañero de partido y debe dar explicaciones.
Trillo emitió un comunicado en el que asegura estar "enormemente sorprendido" por que el juez haya explicado hoy que fue él quien ordenó la actuación policial llevada a cabo en el domicilio del imputado, que esta fue solicitada por el Ministerio Fiscal y que respondió a gestiones ordenadas por el propio juez, "quien en todo momento estuvo informado de su realización y resultados".
"El juez Pedreira no tiene competencias para actuar contra el senador: ni para ordenar un registro ni para hacerle una notificación, máxime cuando el único competente es el Tribunal Supremo que ya había asumido el asunto una semana antes y había designado instructor", aseguró Trillo, apuntando a continuación que el Alto Tribunal asumió el caso del senador el 23 de junio y las actuaciones denunciadas por Bárcenas ocurrieron el día 29 de ese mismo mes.
Para el dirigente 'popular', el juez "ha multiplicado la confusión" en vez de aclarar el panorama. "Por tanto, exijo que explique con todo detalle qué actuaciones ordenó a la Policía, con qué competencias y por qué. Lo que está en juego no es sólo la dignidad de un senador, sino la del Estado de Derecho", concluye el comunicado de Federico Trillo.
EL CASO
Luis Bárcenas solicitó ayer amparo a la Mesa del Senado tras denunciar haber sufrido un "intento de allanamiento" por parte de dos personas que se identificaron como miembros del Cuerpo Superior de Policía, algo que a su juicio supone una "inadmisible forma de intimidación a un miembro de las Cortes Generales" y una "quiebra del orden constitucional y de las normas de conducta democráticas". La Mesa vio el asunto y dio traslado del mismo al Gobierno.
Bárcenas denunció el pasado 27 de julio en un Juzgado de Guardia de Madrid que dos personas que se identificaron como policías habían tratado de entrar en su casa para entregarle "una citación judicial que en realidad no existía". "Ello con la única intención de acceder a mi domicilio, lo que constituye un intento de allanamiento de morada", explica el senador en el escrito remitido a la Mesa, al que tuvo acceso Europa Press.
"El hecho, objetivamente es gravísimo. Que funcionarios del Ministerio del Interior, los envíe quien los envíe, intenten irrumpir ilegalmente en el domicilio de un parlamentario sin orden judicial", añade Luis Bárcenas, quien asegura que este "precedente" no puede quedar "sin la adecuada respuesta por parte de las instituciones del Reino de España". "Equivaldría a reconocer por el Senado la pérdida de fortaleza del Estado de Derecho", señala.
El ex tesorero del PP registró en el Senado la solicitud de amparo el pasado 24 de agosto y añadió como documentación la denuncia que presentó el 27 de julio por los delitos de amenazas y coacciones, contra la integridad moral, de usurpación de funciones públicas y contra los derechos individuales, "cometidos por determinadas personas que se identificaron como policías".
El senador asegura en su denuncia que estos hechos fueron "sin duda" una "respuesta o represalia" a una conversación que él había mantenido el 17 de junio con el Comisario Jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González García. Aprovechando una "inesperada coincidencia" entre ambos, Bárcenas le comentó que sufría una "persecución judicial y mediática" desde hacía meses, así como "inexplicables filtraciones de datos confidenciales" del llamado caso Gürtel, relata el senador en la denuncia.
Tras esta conversación, añade, el 29 de junio se produjeron los hechos denunciados: la visita a su domicilio de dos personas que se identificaron como policías y posteriores llamadas al teléfono móvil de su mujer realizadas desde la Policía Judicial y la Comisaría de Canillas. Todo ello, constitutivo según el senador de los citados delitos.
