MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha este lunes un correo electrónico a disposición de los funcionarios catalanes para que puedan consultar e informar sobre las dudas de legalidad de actuaciones que se les exijan, una vía que está abierta también a autoridades y a terceros que pudieran verse afectados por la validez de un acto administrativo.
El ministro Cristóbal Montoro anunció el viernes que el Gobierno imponía unas condiciones a la Generalitat de Cataluña si quiere cobrar los 3.034 millones de euros del remanente del FLA de 2014 que se le conceden, entre otras cosas, por la situación de la política catalana. Al mismo tiempo, anunció medidas para apoyar a los funcionarios si se les plantean actuaciones contrarias a la ley.
Este lunes, el ministerio ha colgado en su web la información para los empleados públicos catalanes. A través del portal de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas pueden acceder a un correo electrónico en el que no tienen por qué inscribir sus datos personales y que les permite realizar una consulta.
El sistema permite enviar un correo y hacer un seguimiento de la consulta, pero también realizarla a través de un portal con firma digital. Además, quien lo desee puede presentar un escrito en papel en los registros de la Delegación del Gobierno en Cataluña y en las subdelegaciones provinciales.
El Gobierno ha decidido crear una condicionalidad añadida para Cataluña si quiere cobrar los fondos adicionales del FLA. Entre los requisitos se encuentra la exigencia al interventor general de la Comunidad Autónoma de un certificado que permita tener constancia de la situación económico-financiera de la Generalitat y que todos los pagos que realiza son legales. En palabras empleadas por el propio Montoro el viernes, que no se pagan "veleidades independentistas".
Al adherirse al FLA, las comunidades autónomas firmaron y asumieron un compromiso de cumplir con los requisitos que se les señalaran, por lo que la Generalitat debe asumir los que ahora decide Hacienda. Los fondos que reciba sólo podrán estar dedicados al pago de facturas de servicios públicos fundamentales.
