Defiende la creación de oficinas de "auxilio" para profesionales del sector y una "segunda Justicia" de carácter comarcal o municipal
ARANJUEZ (MADRID), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, abogó hoy por un modelo de juez que esté "en contacto directo con la realidad del país" y que, además, tenga la formación académica suficiente para ser capaz de neutralizar los "riesgos" que puedan poner en peligro su imparcialidad e independencia en un momento dado.
"Históricamente se daba por hecho que el alejamiento del juez del fragor mundano, incluso un relativo aislamiento en nuestras relaciones ciudadanas, se traducía en una mejor Administración de la Justicia -argumentó-. Aquella idea (...) llegaba hasta el punto de que, en una frecuencia no escasa, venía a entenderse que la apertura del juez a otros canales, o el establecimiento de relaciones ajenas a las corporativas, se traducía, de modo necesario y automático, en una indeseable afectación de la independencia judicial. Pero ese estado de opinión ha experimentado un importante giro".
Hernando se pronunció así durante su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos I, donde dijo que parece indiscutible que, actualmente, son necesarios "jueces técnicamente preparados" y "rigurosos" en las disciplinas jurídicas que aplican, que al mismo tiempo hayan establecido un tejido "de relaciones personales, profesionales y académicas que les enriquezcan".
"Serán jueces que neutralicen los mayores riesgos que para su imparcialidad y su independencia surgen por esa permeabilidad social, con la fortaleza de criterio que otorga una importante formación jurídica y humanística", apostilló.
COSTES DE LA JUSTICIA.
A continuación, el máximo responsable del CGPJ centró su discurso en los "costes de la Justicia" y las relaciones entre Economía y Derecho: En primer lugar, afirmó que la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica, "entendida como confianza en el tráfico jurídico", producen "directísimos efectos" sobre la Economía de un determinado país.
"La posesión, además, de un correcto sistema de control de la legalidad de la actuación de los poderes públicos dibuja panoramas de estabilidad política, ahuyenta la corrupción y, en definitiva, traza el marco necesario para que una sociedad florezca adecuadamente", agregó.
Sobre los costes derivados de la Administración de Justicia, se detuvo en los "costes positivos públicos", esto es, los que comprenden como categoría fundamental el conjunto de recursos presupuestarios que son destinados por el Estado y las Comunidades Autónomas al mantenimiento del Sistema de Justicia y que, en su opinión, siguen siendo insuficientes.
Apostó además porque se incluyan en este capítulo de gastos los vinculados al funcionamiento de la Abogacía del Estado, de Servicios Jurídicos contenciosos de las Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios Penitenciarios y, también, las subvenciones destinadas a prestaciones de profesionales ante la Administración de Justicia, como los Abogados y Procuradores en caso de obtención del beneficiario del derecho a la Justicia Gratuita.
En este contexto, aseveró que es necesario también ser "eficiente" a la hora de diseñar instituciones como la nueva Oficia Judicial, "un diseño en el que se introducen principios de jerarquía, responsabilidad y gerencia, que irán en beneficio de la utilización más racional y eficiente de los recursos materiales y humanos puestos a disposición de la Justicia".
Sobre la retribución de jueces, fiscales y secretarios judiciales, dijo que la previsión de tramos variables de retribución, encaminados a conseguir un aumento en las tasas de resolución de los asuntos, debe saludarse como un logro, infrecuente por cierto en los países de nuestro entorno.
NUEVA LEY DE PLANTA.
Hernando aprovechó esta cuestión para plantear que es momento de "acomodar" al nuevo modelo social la Planta Judicial, con el objetivo de que la asignación de sus recursos sea "más eficiente y racional".
"Una nueva Ley de Planta es pues una exigencia de la mayor eficiencia de los recursos -enfatizó-. Sería la única manera, seria y científica, de comprobar la existencia de sobrantes o, por el contrario, de carencias de esos mismos efectivos, antes de adoptar decisiones políticas de ninguna clase y, en especial, de la erigir un nuevo escalón de la Justicia, como es el de la Justicia de proximidad".
Prosiguió su conferencia refiriéndose a los "costes privados" de la Justicia, aquellos que los particulares soportan en los procedimientos en los que comparecen en calidad de demandantes o demandados, otorgando especial atención a los "indirectos u ocultos", como son los que producen el error judicial o el funcionamiento anormal de la Administración, y que dan lugar a responsabilidad patrimonial administrativa. A su juicio, que el pago repare los daños daría lugar a su compensación, pero en modo alguno a su desaparición del coste.
Sobre las "controvertidas" tasas judiciales, dijo que servirían para crear un sistema de Justicia "pronto y fiable", y no para "engrosar las arcas del Tesoro Público y quedar sujetas a prioridades de gasto distintas de la mejora de la Justicia". "
OFICINAS DE AUXILIO
Finalmente, Hernando aludió a los costes derivados del sistema de selección de los profesionales de la Justicia española y defendió "fórmulas más modernas e imaginativas" para evitar que se terminen usando "cirujanos para poner tiritas" en el mundo judicial.
"Acaso fuera oportuno organizar moderna Oficinas de auxilio a todos estos profesionales (jueces, abogados y fiscales), con personal para cuya recluta no se emplee el titánico esfuerzo, el esfuerzo público y privado, que se apareja a la consecución de una oposición de primer nivel, de modo que el Jefe de esa oficina distribuyera luego las cargas de trabajo en ajustada proporción a la calificación del equipo que tiene a su disposición", apuntó Hernando.
