Para asumir su causa es necesario "una propuesta razonada del órgano del que dependan los funcionarios", en este caso la propia Policía
MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado nunca llegó a ejercer la defensa de los policías de la UDEF en la causa abierta contra ellos por el presidente de las cortes valencianas, Juan Cotino, porque nunca lo llegaron a solicitar. Así se justifica el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que asegura que, de haberlo pedido los policías, su solicitud se hubiese tramitado como en todos los casos.
"Si se llegara a formular dicha solicitud, la Abogacía General del Estado la tramitaría del mismo modo que lo hace con las numerosas solicitudes recibidas", replica la respuesta parlamentaria del Gobierno en la que matiza, no obstante, que "la Subdirección General de Recursos Humanos del Cuerpo Nacional de Policía no ha recibido solicitud alguna de los funcionarios aludidos en el texto de su pregunta en relación con la referida representación y defensa".
Cotino, ex director de la Policía durante el Gobierno de José María Aznar, abrió una vía judicial contra los responsables de un informe de la UDEF --solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz-- en el que se apunta que el dirigente del PP negoció con 'Gürtel' la visita del Papa a Valencia en 2006.
CRÍTICAS DEL PSOE
Por ello el diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados Antonio Trevín preguntó al Ejecutivo si iba a "asumir el Servicio Jurídico la representación y defensa de los funcionarios policiales en las acciones que dirija contra ellos Juan Cotino por actuaciones derivadas del legítimo desempeño de sus funciones".
El diputado socialista se hacía eco de una información según la cuál el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid celebraría un acto de conciliación el 4 de junio como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra los investigadores de los casos Gürtel y Bárcenas.
A juicio del PSOE Cotino incurría "en un nuevo intento de intimidar e interferir en el trabajo que han sufrido los miembros de la UDEF encargados de estos casos, los cuales vienen siendo objeto de maniobras desde la cúpula del Ministerio del Interior y del Partido Popular".
Trevín se basaba en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que prevé la posibilidad de que se asuma por el Servicio Jurídico del Estado la defensa de autoridades y empleados públicos, cualquiera que sea su posición procesal y en la forma más amplia posible, según el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
REQUISITOS PARA ASUMIR LA CAUSA
La respuesta del Gobierno indica que en ese Reglamento del Servicio Jurídico del Estado se recogen una serie de requisitos, en primer lugar "la solicitud del propio funcionario". "A la fecha, la Abogacía del Estado no tiene constancia de que los funcionarios afectados por el procedimiento referido en la pregunta hayan solicitado la asistencia por abogado del Estado", insiste el Ejecutivo.
Además cita otros condicionantes como que "la acción se dirija contra los funcionarios como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos, o cuando hubieran cumplido orden de autoridad competente"; "que exista previa propuesta razonada del órgano del que dependa la autoridad, funcionario o empleado público de que se trate"; que la defensa del funcionario sea compatible con la defensa de los derechos e intereses generales del Estado, organismo o entidad correspondiente y, en particular, de los que estén en discusión en el mismo proceso".
Los policías implicados además tendrían que renunciar a comparecer previamente ante el órgano jurisdiccional "mediante cualquier otra representación, pues en tal supuesto se entiende, por mandato de la norma, que se ha renunciado a la asistencia por la Abogacía del Estado".
