MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior ha replicado a las críticas del Ayuntamiento de Barcelona informando de que desde el atentado del 17 de agosto de 2017 en Cataluña se han resuelto 233 expedientes, de los que se han estimado satisfactoriamente 162, por importe de cinco millones de euros.
Los datos recopilados, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, engloban hasta el pasado 1 de febrero. Se han registrado 498 solicitudes de indemnizaciones o ayudas como consecuencia de los atentados, si bien es cierto que una persona afectada por el atentado puede tener más de un expediente abierto por lesiones, ayuda psicológica o ayuda al estudio.
Respecto a quienes han sufrido daños físicos, están pendientes de resolver aquellos que continúan de baja médica o deben pasar un tribunal médico, "que es preceptivo por ley para baremar las secuelas del atentado", según el documento de la Dirección General de Atención a las Víctimas.
Algunas de las desestimaciones se basan en que no ha quedado acreditada la presencia y otras en que no tiene lesiones derivadas del atentado o que no se presenta la documentación necesaria. La Dirección General reconoce que las secuelas psicológicas de las personas afectadas por terrorismo "pueden ser igual o más incapacitantes que las físicas y ambas tipologías merecen todo el reconocimiento legal y nuestro respeto".
"Entendemos que debemos actuar con flexibilidad pero también rigor en el marco de la ley que tenemos que aplicar en nuestra función de empleados públicos, sin demagogias", señalan desde el Ministerio del Interior.
Por lo que respecta al plazo de un año para optar a las indemnizaciones, desde la Dirección General se precisa que empieza a contar desde que las secuelas físicas o psicológicas son definitivas, no al año del atentado. "Es voluntad del Gobierno ampliar los plazos mediante reforma legal", añaden.
LAS CRÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO
En julio de 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el trabajo realizado por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas y prometió, ante las quejas planteadas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que sería flexible para atender a todos los afectados en la tramitación de por entonces 223 expedientes de ayudas e indemnizaciones generadas por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona, Alcanar y Cambrils.
Este jueves, el Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT) han informado que se ha atendido a un total de 175 personas afectadas por los atentados, a los que se les ha acompañado y se les ha seguido de forma "intensiva" presencialmente, por teléfono o vía correo electrónico.
En una rueda de prensa, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y la coordinadora de la unidad, Sara Bosch, han dicho que tienen la impresión de que desde el Ministerio del Interior "no se acaban de atender ni de entender" las heridas psicológicas que muestran muchas de las personas atendidas a través de este convenio.
Ortiz ha asegurado que muchas víctimas han tenido que realizar una carrera de obstáculos burocráticos para defender sus derechos: "No hemos mejorado. No hemos aprendido de los atentados de Hipercor. En un Estado que ha sufrido el terrorismo en numerosas ocasiones no se puede despreciar el impacto psicológico de estos hechos".
