SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida defenderá el próximo miércoles una proposición no de Ley en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a adoptar "todas las medidas necesarias" para que los expedientes administrativos de menores en situación de riesgo o desamparo "se tramiten de manera urgente y se resuelvan en menos de seis meses".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA solicita en primer lugar al Ejecutivo andaluz que "disponga de los medios materiales y humanos necesarios que permitan de manera más eficaz la intervención de las administraciones públicas en la detección de las situaciones de riesgo en menores", así como que "desarrolle programas sociales antes de que se pueden producir las situaciones de desamparo de aquellos casos que sean evitables".
Junto a ello, la federación de izquierdas emplaza a la Junta a "impulsar un proceso de diálogo y cuantas medidas sean necesarias con los órganos judiciales competentes, que permita suscribir un protocolo para que los procesos judiciales derivados del desamparo y retirada de tutela de menores, hasta las resoluciones firmes de las respectivas audiencias provinciales, se resuelvan antes de un año desde que se inicia el expediente administrativo", todo ello con el objetivo de "impedir procesos muy largos y a veces irreversibles".
Al margen del ámbito judicial, IULV-CA solicita a la administración autonómica que "dé prioridad en los expedientes de desamparo de menores al criterio de acogimiento en familia extensa de los mismos", así como que "no se produzca el acogimiento preadoptivo en familias extensas de menores en desamparo hasta que no haya terminado todo el proceso judicial y, en cualquier caso, sean las resoluciones judiciales firmes las que determinen la misma".
Por último, IU solicita a la Junta que promueva la reforma y modificación de las normativas vigentes en materia de protección de menores, en colaboración con colectivos como Prodeni, Asociación pro Derechos Humanos del Menor, trabajadores sociales y colectivos de abogados, fiscales y jueces, para "permitir la mejora y mayor eficacia en el sistema".
En su opinión, esta reforma debe realizarse "teniendo en cuenta los criterios y las medidas anteriores, el acortamiento de los plazos, mecanismos ágiles de información, transparencia y participación en los procesos administrativos y régimen de visitas a menores por las familias biológicas, que garantice que no haya ruptura hasta que no se produzca una resolución judicial firme".
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