MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
IU propone aumentar las reservas de vivienda protegida hasta el 75 por ciento en suelo urbanizable, así como incrementar la construcción de ésta hasta alcanzar una cuota de mercado del 40 por ciento, de la que, al menos, la mitad se destinaría a alquiler. Aboga asimismo por que la vivienda protegida tenga calificación de por vida.
Según el borrador del programa electoral de la coalición para las generales, al que ha tenido acceso Europa Press, el incremento de vivienda protegida hasta el 75 por ciento en suelo urbanizable. La medida se plantea como un "camino intermedio" hasta llegar a una situación cercana a la protección total de vivienda.
Asimismo, IU plantea incrementar las reservas de Vivienda Protegida hasta el 40 por ciento del suelo urbano, esto es, aquel dotado con servicios públicos e infraestructuras públicas como carreteras o abastecimiento de agua y luz eléctrica.
La coalición propone además elevar la construcción de vivienda protegida --competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos-- hasta cubrir, al menos, una cuota de mercado del 40 por ciento. Actualmente, el Gobierno socialista cifra en torno al 12 por ciento la cuota de mercado de vivienda protegida.
VIVIENDA PARA ALQUILER
En este sentido, IU plantea destinar al menos el 50 por ciento de la vivienda protegida al alquiler. Aboga al respecto por garantizar por ley el derecho a que el precio de los alquileres sociales no superen el 30 por ciento de los ingresos de los inquilinos, o del 20 por ciento en el caso de las rentas más modestas.
La coalición apuesta en este sentido por "movilizar" la vivienda vacía para destinarla al alquiler protegido, resaltando la necesidad de establecer programas públicos que controlen el precio final de los alquileres y que garanticen un sistema de precios de acuerdo con los porcentajes citados anteriormente.
En esta materia, IU aboga por calificar la vivienda protegida de por vida para evitar así que ésta aflore al mercado privado. Propone además intensificar el control en la adjudicación de ésta para evitar el fraude en los sorteos de vivienda protegida, así como hacer uso del ejercicio de la potestad sancionadora y expropiatoria en casos de mal uso.
