Quiere que todos los responsables de la 'caja B' y los que realizaron "pagos ilegales" sufran "un duro reproche penal"
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) y otras cuatro asociaciones que ejercen la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) recurrirán el cierre de la instrucción acordado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por considerarlo "apresurado e incompleto".
Las organizaciones, que presentaron la querella que posibilitó la investigación, quieren que todos los responsables de la 'caja B' del PP y los constructores que "realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos sufran un duro reproche penal".
Los querellantes --IU, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad-- consideran que el auto de Ruz ha dado por acreditados indiciariamente una serie de delitos que deberían desencadenar "decisiones políticas drásticas" en la formación de Mariano Rajoy.
"La existencia de una caja B en el Partido Popular, la comisión de un delito electoral o de financiación ilegal y la falsedad contable tendrían que provocar dimisiones en masa", señalan las asociaciones antes de considerar "cuestionable" que el juez considere que estos delitos hayan prescrito.
También critican las "maniobras" que, a su juicio, se han llevado a cabo para acortar el tiempo de instrucción y apartar a Ruz del Juzgado Central de Instrucción número 5. "El cierre prematuro y forzado de la instrucción provoca que no se hayan recopilado pruebas suficientes como para abrir juicio oral contra muchos de los protagonistas que aparecen en los papeles de Bárcenas", dicen.
A CAMBIO DE CONTRATOS
De igual modo, consideran que a estas alturas resulta "imposible" creer que los pagos recogidos en la contabilidad B de Bárcenas, "a menudo por cuantías muy superiores a los máximos legales permitidos, se hacían por filantropía y no a cambio de sustanciosos contratos de obra pública". "Es difícil creer que es casualidad que el mismo día que se hace una adjudicación de una obra pública la empresa beneficiaria haga una donación al Partido Popular", apuntan los querellantes.
Además, han subrayado el "escaso apoyo" que ha recibido el juez Ruz de instituciones como la Fiscalía, que ha ejercido "más bien como abogada defensora de los imputados"; la Agencia Tributaria, "con episodios recientes tan chuscos como los que equiparan al PP repartiendo sobres con la labor social de ONG como Cáritas"; o la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que para buscar la relación entre las donaciones de constructoras y la concesión de contratos manejaban "una información claramente incompleta".
Ruz consideró este lunes al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de las obras de su sede a la empresa Unifica, al tiempo que propuso juzgar a seis personas por la 'caja B' de la formación, entre ellas sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
