MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ha asegurado este martes que si, como sostiene el Tribunal Constitucional, el decreto-ley antidesahucios aprobado por el Parlamento andaluz en la anterior legislatura "no cabe en la Constitución, el problema es la Constitución" y que la sentencia emitida en este sentido por el Alto Tribunal evidencia la necesidad de abrir un proceso constituyen como reclama la federación de izquierdas.
Así se ha pronunciado Centella en una rueda de prensa la Cámara Baja tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso que el Gobierno central presentó contra el decreto antidesahucios auspiciado por la que fuera consejera de Fomento y Vivienda andaluza, Elena Cortes, de IU.
Centella ha expresado su "preocupación" y su "indignación" ante la decisión del Constitucional, que considera que la expropiación de viviendas que se contempla en ese decreto invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Además, el Alto Tribunal argumenta que el decreto obstaculiza la eficacia de las medidas en materia de desahucios impulsadas por el Gobierno central.
"Si ese decreto no cabe en la Constitución, es evidente que la Constitución es el problema", ha sentenciado Centella, quien ha acusado al Constitucional de hacer "un flaco favor" a la Carta Magna si la utiliza como "dique" para frenar iniciativas que tienen como objetivo "salvar personas".
ESA NO ES LA CONSTITUCIÓN QUE APOYAMOS
Para el dirigente de IU, la decisión el TC evidencia la necesidad de un nuevo proceso constituyente. "Si la Constitución permite que haya viviendas vacías y gente sin casas, esa no es la Constitución que nosotros apoyamos en 1978", ha remarcado, incidiendo en que hay que hacer "una Constitución de las personas y no de los mercados" y que sea "la solución y no el problema".
De su lado, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural y diputado de ICV, Joan Coscubiela, ha asegurado que la Constitución "reconoce el derecho a la propiedad privada", pero también que debe haber un "uso social de la vivienda".
Además, ha subrayado que el Gobierno debería se el "primer garante de la Constitución", pero que, en esta materia, "ni come ni deja comer" porque ni garantiza el derecho a la vivienda ni "deja que otras instituciones lo hagan".
