Cayo Lara insiste en que "las comunidades autónomas funcionan" y asegura que "la recentralización no resolvería los problemas"
BILBAO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha considerado que España se encuentra en "una especie de semi-intervención" y ha advertido al Gobierno de que, "con más represión y más Código Penal", no va a "callar" las protestas de los ciudadanos ante el "atraco a los derechos" que se está produciendo.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha lamentado que "parece" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "tiene la decisión firme" de continuar por la línea "equivocada, injusta, inútil" de hacer "pagar la crisis a los que no han sido responsables de ella, en lugar de ir a buscar donde están los auténticos responsables".
En este sentido, ha opinado que, si "no van a dar marcha atrás, lo que queda será la movilización ciudadana, la protesta pacífica de la gente en la calle, masiva". Esta movilización, según ha advertido en referencia a la reforma del Código Penal, no se va a "callar" con "más represión".
Por ello, ha esperado que el Gobierno "no lleve hasta las últimas consecuencias el anuncio que ayer hizo el ministro del Interior", planteando medidas de "absoluta dureza" como "perseguir desde el punto de vista del Código Penal hasta la resistencia pasiva".
"Esto es increíble, perseguir a Gandhi. Sería tremendo que esto se pueda ni siquiera pensar en un Estado en el que hemos avanzado de manera importante en derechos y libertades, que podamos dar marcha atrás", ha alertado Lara, para quien "no es con más represión como van a callar a la gente", aunque intenten "meter miedo" y "amedrentar".
A su entender, "la gente se callará si hay medidas sociales, que vayan en la dirección de que esta crisis la paguen los que la han creado" y, "en base a eso, debería actuar un gobierno que tuviera dos dedos de frente".
"Si piensan que por la vía de más represión y más Código Penal van a resolver los problemas, se equivocan porque probablemente van a conseguir el efecto contrario: que vamos a estar mucha más gente con más participación", ha subrayado el coordinador de IU, que ha subrayado que hay "causa justa" para la movilización ante el "atraco a los derechos" que se está produciendo.
SEMI-INTERVENCIÓN
Por otro lado, ha considerado que España ya se encuentra en una "especie de semi-intervención" y ha advertido de que "no hay ningún mensaje que sacie a los mercados" porque "están ahí para especular, para ganar muchísimo dinero, para ir subiendo la prima de riesgo cuando interesa".
A su entender, ni las medidas del actual Gobierno ni del anterior "sirven" para resolver "el problema de insaciabilidad de los especuladores financieros".
En cualquier caso, ha criticado que "hoy viene una comisión" de expertos de la UE "que vienen a vernos nuestras cuentas" y que se dé cuenta de la situación española a "ministros alemanes, incluso antes que al Parlamento". "A ver si algún día va a alguna comisión de expertos de España a ver las cuentas de algún otro país", ha añadido.
Para Lara, "estamos en una especie de semi-intervención" porque medidas como el anuncio de recortes en sanidad y educación "a través de un comunicado de La Moncloa sin pasar por sede parlamentaria solamente puede tener una sospecha", la de que ha habido "un telefonazo" para que se adopte "otra medida porque te la estamos exigiendo".
"Estamos en una especie de medio intervención clarísima porque se nos está exigiendo una serie de medidas, incluida la de la incorporación del déficit en la Constitución española (...), y si eso no es una especie de intervención, que alguien explique lo contrario", ha incidido.
"UNA BARBARIDAD"
En relación al debate sobre la devolución de competencias por parte de las autonomías al Estado, ha considerado que es "una barbaridad" y ha defendido la "eficacia" del estado de las autonomías, pese a que "hemos pasado por un periodo, de la burbuja inmobiliaria, en la que determinadas comunidades y sus entidades de ahorro han jugado al juego especulativo" y han provocado "un mal uso" de los recursos.
"Eso no puede negar la mayor, que es que las comunidades autónomas funcionan", ha insistido. En su opinión, un planteamiento de "recentralización" es "volver a un pasado que no queremos y además sería inútil para nuestro país porque no resolvería los problemas" ya que los servicios "hay que seguir prestándolos".
"El problema de fondo está en que las arcas de la Hacienda pública se han visto limitadas de recursos porque los gobiernos no han luchado contra el fraude fiscal y porque han bajado los impuestos a la renta del capital y a las altas rentas", dejando las arcas "escuálidas", ha subrayado.
AMNISTÍA FISCAL
Por otro lado, ha acusado al Gobierno de no querer "en el fondo" luchar de "una manera seria" contra el fraude fiscal, calificando como "un desastre" las medidas de "amnistía" fiscal que suponen "un regalo a los especuladores financieros y, además, una invitación a que la gente que pagamos normalmente los impuestos dejemos de pagarlos".
Según ha indicado, "es una medida radicalmente negativa en un país donde hay mucho pequeño delincuente en la cárceles", pero a "los defraudadores de cuello blanco, no solamente se les castiga, sino que se les premia". En todo caso, ha asegurado que "no van a aflorar cantidades importantes".
Asimismo, ha calificado de "parche" la propuesta de limitar a 2.500 euros los pagos en efectivo. Por su parte, ha defendido la apuesta de IU, recogiendo la propuesta de los técnicos de Hacienda -- "que son los que saben de esto"--, por determinar que "no se puedan mover operaciones por valor de más de 1.000 euros en efectivo". Según ha indicado, en un país con "un 23% de economía sumergida y el mayor alto fraude fiscal de la UE" permitiría aflorar "unos 26.000 millones de euros a la Hacienda Pública.
Lara ha censurado que, en el actual contexto, el Ejecutivo ha decidido que "no va a resolver el déficit por la vía de aportar más ingresos, luchar contra el fraude y hacer reformas fiscales progresivas" y que va a abordarlo por "la política de recortes". De este modo, según ha alertado, se está provocando "más recesión, más paro y menos ingresos en la Hacienda pública".
Además, ha denunciado que el Gobierno pretende convertir "en negocio lo que han sido derechos de los ciudadanos y servicios públicos" porque "el objetivo último es aprovechar la situación de deterioro que se puede producir en los servicios para justificar las privatizaciones".
