Califica de "inaceptables" las presiones del titular de Interior sobre el jefe de la Oficina Antifraude Catalunya
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha lamentado este martes el "nulo respeto a las instituciones democráticas" mostrado por el ministro de Justicia, Jorge Fernández Díaz en relación con las grabaciones dadas a conocer por el diario Público en las que se reflejan lo que consideran unas "inaceptables" presiones sobre el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel Alonso.
En una nota hecha pública en su cuenta en la red social Twitter, la asociación progresista de jueces señalan que "sin perjuicio de respetar el proceso electoral que ha culminado este pasado domingo", consideran que tales presiones revelan "el nulo respeto a las instituciones democráticas por parte de quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en tal calidad, tiene como misión constitucional, que es la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".
INCRIMINAR A RIVALES POLÍTICOS
Advierten que "a ninguno de estos fines se atiene el ministro si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia".
JpD recuerda que la Oficina Antifraude Catalunya es una institución comisionada dependiente directamente del Parlament de Catalunya, cuyo titular está nombrado por él y ante el que le rinde cuentas, nacida para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como "3 por ciento"'.
Por ellos, denuncian "la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político".
La asociación progresista de jueces pide que se investiguen y depuren "las responsabilidades de todo orden de todas las personas implicadas en esta trama", y recuerda que cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, "sin que quepan atajos ilegales como el que nos ocupa".
