Bravo confía en que la reunión con el Ministerio evitará finalmente la celebración de los paros
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aclaró hoy que la declaración institucional fue elaborada por la comisión coordinadora de los órganos del Consejo, en la que se integran el vicepresidente Fernando de Rosa y los vocales Margarita Robles, José Manuel Gómez Benítez y Manuel Almenar.
Según el Poder Judicial, esta comisión actuó "por delegación del Pleno y en coordinación" con el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y la portavoz, Gabriela Bravo, después de que el contenido de la declaración se diera a conocer al resto de vocales.
Gabriela Bravo dio hoy lectura a una 'declaración institucional' referida al resultado de las juntas celebradas ayer en los órganos judiciales de toda España en la que se "lamenta que una minoría de la carrera judicial" haya manifestado su voluntad de adoptar medidas de presión, en alusión a la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero.
El órgano de Gobierno de los jueces entiende que la decisión adoptada en dichas juntas, entre ellas las de los órganos unipersonales de Madrid, Barcelona o Sevilla, es "precipitada" y podría dejar "indefensos" a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
"Es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación, en la que el Consejo está trabajando intensamente, junto con las asociaciones judiciales, los órganos de gobierno del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, en pos de un profundo proceso de modernización de la Justicia", reza la declaración.
Durante una rueda de prensa ofrecida hoy en la sede del Consejo, Bravo destacó que "la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de este país sigue optando por la vía de la responsabilidad institucional y el diálogo", en alusión al apoyo obtenido en la mayor parte de los órganos (sobre todo los colegiados) a la propuesta de las asociaciones judiciales, consistente en retrasar la huelga al mes de junio y realizar concentraciones el 18 de febrero.
El CGPJ se refiere a estos últimos como aquellos que "han optado por la vía de la responsabilidad institucional y el diálogo, como ya pusieron de manifiesto las asociaciones judiciales, para resolver los problemas de nuestra administración de Justicia".
El texto, que fue repartido a la prensa bajo el título de 'comunicado', y no de 'declaración institucional', subraya la "absoluta determinación" del CGPJ para seguir trabajando, en busca del consenso. Tras su lectura, Bravo reiteró que confía en la "responsabilidad y profesionalidad" de los miembros de la Carrera judicial.
A este respecto, añadió que está convencida de la "la absoluta disposición del Gobierno" de dar señales de confianza a la Carrera judicial durante la reunión que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mantendrá con los representantes de las asociaciones judiciales el próximo lunes.
SERVICIOS MÍNIMOS.
Por ello, Bravo no aclaró quien debe ser el responsable de imponer los servicios mínimos si finalmente se realiza la huelga. "No contemplamos aún el escenario de la huelga, estamos convencidos en que no habrá por el interés del Gobierno en aportar soluciones", indicó la portavoz del CGPJ.
Tampoco está previsto propiciar la asistencia a la reunión del lunes -y a un segundo encuentro entre el CGPJ y las asociaciones de jueces fijado para el 2 de febrero- de jueces no asociados que representen las posturas más duras y proclives a realizar paros el próximo mes.
"Estamos convencidos de que las demandas de unos y otros son coincidentes, por ello no entendemos que se precise la representación de quienes sí quieren huelga el día 18 de febrero", explicó Bravo.
Preguntada si el texto de la declaración había sido votado y aprobado en alguno de los órganos del CGPJ (el Pleno o bien una Comisión convocada ex profeso), Bravo contestó que su contenido es fruto de reuniones celebradas el día de hoy entre varios vocales y que su difusión había sido decidida por el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar.
