El colectivo dice que implica de "forma implícita la obligatoriedad" del conocimiento de una lengua determinada en cada Comunidad MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Representantes de jueces, fiscales y secretarios judiciales se opusieron hoy a la implantación de las lenguas cooficiales como merito determinante para desempeñar un cargo en la carrera judicial, al considerar que constituye "una concesión política a unas determinadas pretensiones nacionalistas". El colectivo judicial entiende, asimismo, que esta medida implica de "forma implícita la obligatoriedad" del conocimiento de una lengua determinada, al margen de cualquier otra consideración dentro de la Comunidad Autónoma respectiva.
Ante la aprobación por la Comisión Constitucional, en la sesión del 13 de marzo, del capítulo III de la proposición de la ley de reforma del Estatuto de Cataluña relativa al "Poder Judicial en Cataluña", un grupo de asociaciones de los tres cuerpos judiciales advirtieron de "los graves daños sobre el sistema judicial" si finalmente esta reforma sigue adelante y alertaron de que "podrían sumirla en una situación de auténtico caos" afectado al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
En concreto, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, calificó de "absurdo", "desmesurado" e "inadmisible" considerar el idioma como un merito determinante a la hora de acceder a un cuerpo específico como son los jueces, fiscales y secretarios judiciales. Por ello, el magistrado entiende que "los ciudadanos acuden a los servicios públicos para que les resuelvan de una manera eficaz y rápida sus problemas", los cuales "no pasan" por el hecho de que tengan o no el conocimiento adecuado de una lengua u otra.
INCONSTITUCIONAL
Antonio García aseguró que el colectivo que representa está dispuesto a hacer un esfuerzo por normalizar la implantación del uso de las lenguas cooficiales de una manera "gradual y progresiva", aunque rechazó la solución propuesta por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por ser, además de "caótica", claramente inconstitucional, al igual que los Consejos de Justicia Autonómicos y la potencialización de los Tribunales Superiores de Justicia como última instancia en cada Comunidad.
En este punto, el portavoz de la APM precisó que "no cuestionan" la reforma, sino que es el marco constitucional el que delimita "el campo de juego y establece las reglas". De esta manera, el magistrado enfatizó que esta medida "no se ajusta" a las reglas constitucionalmente delimitadas en la Constitución. Ante esta situación, subrayó que el colectivo, al que incluye a fiscales y secretarios judiciales, pondrá en marcha "cuantas medidas tenga a su alcance y dentro de unas coordenadas de responsabilidad y constitucionales".
"ENGAÑADOS Y TRAICIONADOS"
Por su parte, el portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Antonio Dorado, también alertó de los peligros de esta reforma, puesto que consideró que "afectará y agravará" el problema de las vacantes, que "aún no existe", en las Comunidades Autónomas. Además, apuntó que "el Gobierno traslada una responsabilidad que es del Estado a los profesionales de la carreta judicial".
Dorado afirmó que su colectivo se siente "engañado" y "traicionado", al igual que el de los jueces y fiscales, por el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Fernando López Aguilar, quien se comprometió en que el conocimiento de una lengua cooficial "nunca sería un requisito, sino un merito, que, en esta caso, se convierte en una obligatoriedad en determinadas vacantes". "Es requisito porque establece que deberán acreditarlo para ocupar una plaza de un determinado puesto", argumentó.
Guillermo García-Panasco, portavoz de la Asociación de Fiscales, se sumó a las alegaciones expresadas por el grupo de jueces y secretarios judiciales y añadió, igualmente, que "la reforma desprotege los derechos de los ciudadanos, al no garantizar el uso del castellano", lo que "vulnera la tutela judicial efectiva". Ante esto, instó al Ejecutivo a realizar una reflexión "seria y profunda" para reconducir el camino.
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