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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex concejal de Urbanismo de Telde Guillermo Reyes ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación dentro del marco del 'Caso Faycán', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas relacionadas con la investigación del caso, aunque otras fuentes apuntan a que el líder de la plataforma AFV-Ciuca ha sido imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
El magistrado ha citado a declarar al líder de la plataforma Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca) el próximo día 10 de abril a partir de las 09.30 horas en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 del municipio.
En todo caso las imputaciones atribuidas al ex concejal de Ordenación del Territorio y Urbanismo Guillermo Reyes pueden variar a raíz de su comparecencia ante el magistrado el próximo jueves.
Ambas fuentes han informado de que también la próxima semana prestarán declaración ante el juez instructor del caso Javier García en calidad de imputados dos empresarios locales. En concreto, ha sido imputado por un presunto delito de tráfico de influencias Fernando Verona, administrador de Acinox SL, empresa radicada en el polígono industrial de Salinetas, que realizó los trabajos de acondicionamiento de la sede del PP en Arnao.
Por otro lado, también ha sido imputado por el mismo presunto delito de tráfico de influencias José Gutiérrez Galindo, de la empresa Preconte.
El 'Caso Faycán' salió a la luz pública el 1 de marzo de 2006 y con la imputación del ex concejal de Ordenación del Territorio y Urbanismo y de los dos empresarios se eleva a 43 el número de personas imputadas por esta presunta trama de corrupción.
Asimismo, el próximo martes también declararán en calidad de testigos dos técnicos municipales de la oficina de Urbanismo, situada en el barrio histórico de San Juan. De hecho, varios empleados de este departamento ya han comparecido con anterioridad como testigos ante el juez.
EL MISMO DELITO QUE LA PRINCIPAL IMPUTADA.
Según las fuentes jurídicas que sostienen la posible imputación por un presunto delito de ordenación del territorio de Reyes, ésta podría estar relacionada con la instalación de dos cabañas en la finca que poseía la ex concejala de Vías y Obras del PP y principal imputada, María Antonia Torres, en el barrio teldense de Tara, en suelo catalogado como rústico que no admitía esta actuación.
Además, el juez imputó el mismo presunto delito contra la ordenación del territorio a la también ex presidenta del PP local tras su última comparecencia en el juzgado.
La Concejalía de Urbanismo ha remitido al juez una certificación en la que especifica que los tres inmuebles --una vivienda grande y dos cabañas de madera-- se alzan sobre terrenos calificados en parte por el actual Plan General de Ordenación Urbana como suelo de especial protección agrícola, mientras que el resto estaría regido por la calificación de asentamiento rural, según informaron a a Europa Press fuentes municipales, que precisaron que dichas construcciones estaban en "situación irregular".
GRUPO EUROPA Y MAZOTTI.
Reyes podría ser también interrogado en relación a un proyecto de la empresa Gestión de Cooperativas Europa, dentro de una investigación que forma parte de la pieza separada número 38 de la instrucción del caso vinculada a supuestas gestiones irregulares de esta empresa, a la que la sociedad municipal de Vivienda y Suelo Urvitel adjudicó la asistencia técnica de dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) en El Goro.
En su última declaración ante el juez este martes, el ex alcalde Francisco Valido indicó que en las reuniones con dicha empresa se hizo referencia a que los expedientes relacionados "estaban bloqueados en la Concejalía de Urbanismo", que dirigía en aquella época Reyes, de AFV-Ciuca, por lo que dijo en el encuentro que "habría que hablar" con este edil para solventar dichos contratos.
Según las fuentes consultadas, el magistrado estaría interesado en la concesión de licencias de obra para construir las VPO en las parcelas donde Grupo Europa programó dos promociones de 24 y 47 viviendas cada una.
Por otro lado, el juez investiga también el contrato suscrito por el anterior grupo de gobierno local con Mazotti, implicada en el caso Faycán, acerca de las obras realizadas en el potrero municipal de El Goro.
LA DECLARACIÓN DE GORDILLO.
El ex asesor de Vías y Obras de Telde, Francisco Gordillo, también imputado, aseguró que en una de sus declaraciones ante el juez que el procedimiento para el cobro de comisiones a los empresarios lo articuló María Antonia Torres "a principio de la legislatura" del pacto conformado por el PP y AFV-Ciuca, que se hizo con el poder municipal en junio de 2003.
El que fuera mano derecha de Torres admitió que el cobro de comisiones ilegales se ideó al poco tiempo de que la alianza de populares y AFV-Ciuca comenzara a gobernar el Consistorio de Telde. En concreto, señaló que "se empezó a cobrar cuando se empezó a dar obras", aunque dijo que no recordaba el mes.
Gordillo sostuvo en su comparecencia que no recuerda si cobró comisiones en 2003 y puso de relieve que el cobro llevaba un "trámite". "Hasta que las obras no están realizadas no se hace operación alguna", aseguró. En cambio, dijo que sí recordaba haber cobrado "algo" en el ejercicio siguiente.
