Desgaja de esta pieza lo relativo a las transacciones comerciales internacionales, que sigue investigando
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional ha acordado finalizar la investigación relativa al conocido como 'proyecto Pit', la pieza separada del 'caso Villarejo' que comprende el presunto encargo de los navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que evitara la extradición del primero a Guatemala.
En un auto del juez Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda por un lado no prorrogar la instrucción sobre ese proyecto, y por otro desgajar de esa pieza, y seguir instruyendo, lo concerniente al delito contra las transacciones comerciales internacionales y los delitos fiscales aparejados que aun se investiga después de que en 2021 la justicia guatemalteca cediera la jurisdicción a la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 indica en su auto que en esta pieza 4 del caso hay un total de 18 investigados --uno de ellos persona jurídica-- y que los delitos que se les imputan son los de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y organización criminal.
Como en otras piezas del caso, el principal investigado es Villarejo, y en esta ocasión a su nombre se suman los de los hermanos Pérez-Maura, el socio del comisario Rafael Redondo, su hijo José Manuel Villarejo Ruiz, el ex Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, el exinspector de la Policía Antonio Bonilla y el empresario Adrián de la Joya, entre otros.
Suma el juez que, al encargo investigado, se han añadido otras pesquisas que tenían por objetivo averiguar posibles delitos fiscales de los Pérez-Maura, lo que motivó que en diciembre de 2023 se les volviera a tomar declaración a ellos y a la empresa 'A. Pérez y CIA'. Deja claro en este punto que este nuevo delito es "indisoluble" del 'proyecto Pit' en base a informes de la Agencia Tributaria aportados a la causa.
EL ORIGEN: PUERTO QUETZAL
El punto de partida de esta pieza separada se sitúa en 2016, cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez-Maura, acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país iberoamericano, incluidos el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
De acuerdo con el relato judicial, los Pérez-Maura habrían acudido entonces a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel. Por este encargo, bautizado como 'Pit', el grupo empresarial del entonces comisario, CENYT, se habría embolsado 7,4 millones de euros.
En un principio, la investigación española se centró en 'Pit', pero cuando la Audiencia Nacional rechazó en 2018 la extradición de Pérez-Maura a Guatemala por ser ciudadano español abrió la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.
En respuesta, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 asumió en abril de 2021 la causa dirigida en el país latinoamericano contra Pérez-Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, que ahora es la rama de la investigación que sigue abierta.
LA PATA DEL COHECHO INTERNACIONAL
En su auto, el juez explica que esa rama de la investigación nace de la interposición de una querella por parte de Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de cohecho internacional por una cuantía aproximada de 30 millones de dólares y en el que fueron utilizadas "estructuras financieras instrumentales complejas con distintos estados intervinientes con la finalidad de materializar los pago ilícitos".
Recuerda que en este asunto hay una decena de investigados --incluidos los Pérez-Maura-- y que hasta la fecha a uno de ellos no se le ha podido tomar declaración. Motivo por el que entiende que procede ampliar la instrucción otros seis meses.
Indica además que el asunto es de una complejidad "objetiva" porque el mismo afecta "tanto al expresidente como a la exvicepresidenta de Guatemala y a un gran elenco de altos cargos", y porque se deben analizar documentos y dispositivos que han sido aportados por las autoridades judiciales del país guatemalteco después de que aceptara la jurisdicción.
En este punto, indica que, dado el envío masivo de material, la Fiscalía ha solicitado un examen íntegro de todo y la elaboración de un informe por parte de la Policía Judicial "en relación con los sobrepagos de la constructora COPISA" a diversas mercantiles.
El juez explica que los contratos identificados entre COPISA y las mercantiles presuntamente implicadas son de carácter "ficticio" y apunta que todos ellos tienen una numeración consecutiva --algo que no cuadra con las fechas--, que son "estereotipados" presentando el mismo formato en su elaboración, y que las mercantiles que los firman tienen objetos sociales diferentes al de ingeniería civil.
A esta diligencia, se suma que Fiscalía interesa un informe de la Agencia Tributaria para ver si se han producido delitos contra el fisco relativos al impuesto de sociedades/IVA entre 2012 y 2015.
LA PATA DE LA ESTAFA AGRAVADA
Además del 'proyecto Pit' y del cohecho internacional, el juez indica que hay una tercera vía de investigación relativa a la estafa agravada y que nace en 2019 a raíz de la documentación presentada por la mercantil APM Terminals.
El juez explica que la estafa tiene que ver con el contrato de compraventa de acciones de TCQ firmado por accionistas mayoritarios --entre ellos los Pérez-Maura-- (los vendedores) con APM Terminals en marzo de 2016. Indica que esos accionistas mayoritarios ocultaron a la parte compradora que pendía un procedimiento por cohecho internacional relativo al puerto guatemalteco.
En este caso, el magistrado entiende que no cabe prorrogar más la investigación y por tanto rechaza la pretensión de APM Terminals --filial de Maersk-- de ampliar por seis meses para realizar determinadas diligencias.
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