MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra ha requerido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que le informe cada mes del estado financiero acumulado y de las proyecciones de la cuenta de resultados de la aerolínea.
Vox, que ejerce de acusación popular en el procedimiento, había pedido a la juez Esperanza Collazos que solicitara a Plus Ultra "los informes de control mensuales en los que se recaba toda la información necesaria del gasto de los 53 millones de euros". Los de Santiago Abascal habían alegado que dicha información era necesaria ante la repetición del careo de los peritos para que los informes y las declaraciones fueran "completas".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha considerado "no ha lugar" la práctica de las diligencias interesadas por Vox. Según ha explicado, no procede porque debe entenderse que el órgano encargado en la actualidad de conocer y comprobar el destino de la subvención concedida no es la propia Plus Ultra, sino el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
En este sentido, ha acordado que lo pertinente es que sea la SEPI quien aporte en los primeros cinco días de cada mes el estado financiero acumulado y de las proyecciones de la cuenta de resultados, así como de balance y de flujos de caja al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de conformidad con el acuerdo suscrito entre dicho fondo y la aerolínea.
La decisión tuvo lugar el pasado 25 de marzo; es decir, el viernes antes de se celebrara el careo entre los peritos independientes del juzgado y los que asesoraron a la SEPI. Ambos equipos acudieron al juzgado el lunes 28 de marzo para ratificar nuevamente sus informes después de que la juez ordenara repetir el careo por un fallo técnico en la grabación del que se celebró el 18 de enero.
DISCREPANCIAS SOBRE EL ESTADO DE LA AEROLÍNEA
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que los peritos que asesoraron a la SEPI insistieron en que Plus Ultra no era una empresa en crisis al 3 de enero de 2020, cuando cerró administrativamente. Así, reiteraron su opinión favorable para otorgar la ayuda.
La aerolínea emitió un comunicado en el que consideró que la repetición del careo no aportó elemento alguno que pudiera llevar a dudar de "la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra Líneas Aéreas al cierre de 2019". Insistió en el archivo del procedimiento y defendió que no hay elementos que demuestren que no se cumpliera por parte de la empresa con los requisitos de elegibilidad.
Los peritos del juzgado, por su parte, llegaron a la conclusión contraria y cuestionaron que la compañía pudiese recibir la ayuda pública. Según las fuentes consultadas, insistieron en que Plus Ultra se encontraba en "causa de disolución" al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo. Así, ratificaron el documento de 499 folios en el que explicaron que existían "dudas más que razonables" sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.
Las mismas fuentes añadieron que en el marco del careo los peritos del juzgado aseguraron que la compañía --apenas recibió la ayuda-- procedió al pago íntegro de una deuda con la Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los peritos de Deloitte y DC Advisor explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.
Vox ya adelantó que pedirá la comparecencia del representante legal de Plus Ultra antes de que la magistrada se pronuncie sobre la petición de archivo que hizo la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia aerolínea.
