Señala que pactó con Dragados que se subcontratara para determinados modificados a TCT, empresa de la que era socio su hermano
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa Lezo, ha acordado procesar al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la pieza relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II y que supuestamente tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP.
Esta es la tercera pieza de Lezo en la que González es propuesto para sentarse en el banquillo de los acusados, después de las piezas relativas a Emissao y al tren de Navalcarnero. En esta pieza separada número 2, además de al expresidente, García Castellón propone juzgar a su hermano Pablo Manuel González González, al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a José Antonio Clemente --socio en la empresa TCT--, y al cuñado del expresidente Juan José Caballero Escudier.
En el auto, en el que García Castellón decreta el sobreseimiento provisional y archivo respecto de otras ocho personas, explica que esta pieza comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a 'ACS Proyectos, Obras y Construcciones' que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse 'Dragados'.
"CON EL FIN DE BENEFICIAR A FAMILIARES"
Indica que al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González ---presidente del ente público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012---, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".
Señala que guiados con ese fin convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería --TCT--.
Los socios de esa empresa eran Clemente, Manuel González y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.
La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Ignacio González e Ildefonso de Miguel.
TCT NO TENÍA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos a pesar de conocer que esta sociedad "carecía de toda capacidad para ejecutarlos", ampliando hasta en cuatro ocasiones, entre el 10 de agosto de 2006 y el 14 de febrero de 2007, el objeto de dicha subcontratación. De esta manera, según el auto, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.
Los socios de TCT, sabiendo que eran incapaces de ejecutar esos trabajos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Acordaron con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación, por lo que el beneficio aproximado para TCT fue de 381.000€. De esa cantidad, se repartieron entre los socios de TCT al menos 267.000 euros entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 mediante 49 entregas en efectivo.
En su auto de fin de instrucción, el magistrado recuerda además que en 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados).
En esa adjudicación "solo los investigados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron de nuevo a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo".
Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad 'Green Canal Golf' que firmó en 2007 la concesión. Pero en junio de ese mismo año Green subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 €. A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941€, consiguiendo así, por su mera intermediación un beneficio aproximado de 124.000€.
El juez calcula en su auto que entre 2006 y 2012 obtuvieron un beneficio total cercano a los 505.000€, financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos del Canal de Isabel II.
