SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la sociedad mixta Mercasevilla, ha citado nuevamente a declarar en calidad de testigo el próximo día 31 de enero al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, todo ello tras suspenderse la declaración prevista inicialmente para el pasado día 16 de septiembre debido a que la citación coincidía con la celebración de un Pleno en la Cámara autonómica al que Fernández debía acudir por ser diputado del PSOE en esas fechas.
En una providencia dictada el pasado día 16 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción Mercedes Alaya cita a declarar como testigo a Antonio Fernández, a las 10,00 horas del día 31 de enero, dentro de la investigación abierta por el presunto intento de cobro de una comisión de 450.000 euros por parte de los entonces directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce a dos empresarios del Grupo La Raza para desarrollar el proyecto de una escuela de hostelería.
El objetivo de esta declaración, solicitada en su día por el PP, es que el ex consejero explique el procedimiento por el que se concedió la subvención que, posteriormente, dio lugar al presunto intento de cobro de comisiones ilegales. En una declaración prestada el pasado mes de abril, el ex director general de Formación para el Empleo y actual coordinador general de la Viceconsejería de Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado, aseguró que "no es cierto" que se comprometiera a conceder la subvención de 900.000 euros a la Fundación Mercasevilla para la construcción de una escuela de hostelería, ya que ello "es competencia" del consejero del ramo.
COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
En su declaración, Fuentes Doblado aseguró por tanto estar en "desacuerdo" con las manifestaciones prestadas por el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas acerca de que fue el compareciente quien garantizó la concesión de esa subvención por la cuantía de 900.000 euros, aunque dijo desconocer si el consejero "garantizó o no" esa concesión.
Hay que recordar que la citación como testigo de Antonio Fernández estaba prevista inicialmente para el pasado día 16 de septiembre, pero el ex consejero de Empleo y en ese momento diputado del PSOE en el Parlamento andaluz --renunció a su escaño el pasado mes de noviembre-- no acudió a la misma por coincidir su citación con la celebración de un Pleno en la Cámara autonómica.
Fernández ya explicó a Europa Press que recibió el día 15 de septiembre un burofax con su citación, con lo que "no tenía plazo para excusar mi asistencia" al Pleno que se celebraba el jueves en el Parlamento andaluz, por lo que decidió remitir un escrito a la juez en el que le solicitaba que le volviera a citar para otro día. "Voy a colaborar con la Justicia porque no tengo nada que ocultar. Durante 20 años he gestionado más de 10.000 millones de euros de fondos públicos y es la primera vez que me citan ante un juzgado", destacó entonces el ex consejero de Empleo.
Dentro de esta rama del caso Mercasevilla permanecen imputados los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la funcionaria Regla Pereira y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas.
INFORME SOBRE EL COTEJO DE VOCES
En la misma providencia, la juez Mercedes Alaya acuerda librar oficio al Departamento de Ingeniería de la Dirección General de la Guardia Civil para que remita el informe pericial interesado respecto a las tomas de voz realizadas el 29 de julio. Ese día, tanto Mellet como Ponce rechazaron someterse a una prueba de voces indubitadas y así cotejarlas con las registradas en la grabación donde supuestamente solicitan a dos empresarios del Grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas --quienes sí realizaron la prueba--, una comisión de 450.000 euros para desarrollar un proyecto de una escuela de hostelería.
La juez instructora del caso Mercasevilla, que había solicitado un informe pericial de cotejo de voces al Departamento de Acústica Forense de la Guardia Civil de Madrid, citó a estas cuatro personas después de que el Instituto Armado, en un oficio remitido al Juzgado a principios del pasado mes de junio, asegurase que, una vez analizada la grabación remitida, la misma "supera la instrucción técnica de este departamento sobre calidad de las evidencias para su uso en cotejos de voces".
