El juez del TS estudia si cita a Borrs por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a un amigo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, quien instruye las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de les Lletres Catalanas (ILC) a un amigo de la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borrs cuando ésta dirigía la institución, estudia si debe citar a declarar a la dirigente catalana como investigada, decisión que podría adoptar en los próximos días.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, De Porres está analizando la exposición razonada que remitió el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona sobre los hechos que considera constitutivos de cuatro delitos, ya que Borrs es aforada ante el Supremo por su condición de diputada.

Dicho documento enviado al Supremo destaca que Borrs actuó "de común acuerdo" con Isaías Herrero --también investigado por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona-- "para defraudar" a la ILC "mediante el fraccionamiento ilegal" de los contratos y para el que se llevó a cabo la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público".

CUATRO DELITOS

Una vez que De Porres estudie toda la documentación remitida, decidirá si llama a Borrs en calidad de investigada para interrogarla por los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, apuntan las fuentes consultadas.

La diputada de JxCat, como cualquier aforado, podrá acudir al alto tribunal de forma voluntaria, pero si descarta esta posibilidad, el magistrado instructor podrá proponer a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio para imputarla formalmente.

De Porres está al frente de este caso desde el pasado mes de diciembre cuando el la Sala Supremo acordó abrir causa a Borrs y le designó instructor del mismo. Así, aceptaba el informe de la Fiscalía favorable a investigar a la diputada porque, según dice su escrito y la exposición razonada, hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borrs "abusó" de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional".

Según la instrucción realizada hasta el momento, existen indicios de la intención de dotar una "falsa apariencia de transparencia" al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa".

Esta persona cercana a Borrs aportaba al procedimiento tres presupuestos "de los cuales dos, como mínimo, eran falsos o simulados". Además, los importes señalados en las facturas giradas posteriormente no obedecían "al pago real y efectivo de los trabajos o servicios" prestados por Herrero.

LOS "TRAPIS" ENTRE BORRS Y HERRERO

La exposición razonada remitida al Supremo incluye además una serie de correos electrónicos entre ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borrs. Uno de ellos es el de 28 de febrero de 2013 en el que la dirigente de JxCat le pide al informático que le pase los presupuestos del 'Portal de las Letras Catalanas' para mirarlos "conjuntamente" y hacer "los retoques que sean necesarios".

También reproduce los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borrs contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto".

En otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017 Herrero explica que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que el "el del portal" lo ha elaborado "contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros".

En este momento, Borrs indica que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que "con la Borrs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", en alusión al ILC y que tiene que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borrs dejara la institución.