MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a testificar el próximo 27 de octubre a varios consejeros del Ejecutivo de Ceuta y ha solicitado a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno que remita todas las comunicaciones y documentación relacionada con las reuniones celebradas antes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos el pasado mes de julio.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Tardón, accediendo a la solicitud de la Fiscalía, llama a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta, y al día siguiente cita también como testigos a varios agentes de la Policía Nacional.
Asimismo, Tardón envía una petición para identificar a un hombre que, bajo seudónimo, actúa como fuente de información de la Guardia Civil, así como los efectivos del Instituto Armado y la Policía Nacional que habrían contactado con él, con el objetivo de citarles a todos como testigos.
La jueza requiere a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno a que le remitan "actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio".
DOCUMENTACIÓN A DISTINTOS CUERPOS
Además, Tardón solicita a la Guardia Civil, la Policía Nacional, Delegación del Gobierno, Ejecutivo de Ceuta, Autoridad Portuaria y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que "remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales correspondientes", desde el 30 de julio.
Y reclama al Ejército de Tierra y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) una serie de informes de inteligencia y seguridad, así como imágenes satelitales de la frontera con el país vecino.
La magistrada también requiere documentación al Ministerio del Interior y al centro de salvamento de Tarifa, además de a la Policía Nacional y la Guardia Civil, relativa a entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el 30 de julio hasta la fecha de recepción de este oficio judicial.
Y pide a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Empresarios de Ceuta un informe relativo a los daños económicos que ciudad autónoma ha sufrido desde la entrada masiva.
"PERTINENCIA" Y "UTILIDAD" DE LAS DILIGENCIAS
La magistrada expone que las diligencias solicitadas por la Fiscalía "reúnen plenamente los requisitos de pertinencia, utilidad y necesidad exigidos" y van dirigidas al "esclarecimiento de extremos relevantes que continúan presentando zonas de incertidumbre" tras las testificales practicadas.
Tardón entiende, además, que la documentación que solicita "resulta particularmente relevante para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de información, la solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados en las declaraciones practicadas".
Con ello, la magistrada espera recabar "datos reales, objetivos y precisos para poder determinar la magnitud exacta de los hechos", según la resolución judicial.
Respecto a la identificación de la fuente de información de la Guardia Civil, Tardón argumenta que toma esta decisión tras la declaración como testigo de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, quien dijo que este hombre "habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos", localidad marroquí fronteriza con Ceuta, según la jueza.
Este informante, identificado por como una persona de confianza por Sanz, también habría detallado la existencia de concentraciones de personas y otras circunstancias con carácter previo a la entrada masiva, según la instructora.
