Juicio.- Foro de Ermua, convencido de que se celebrará, cree que el TS sentará jurispruencia "para todos los casos"

BILBAO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abogado del Foro de Ermua, Fernando García-Capelo, se mostró hoy "totalmente convencido" de que el Tribunal Supremo ordenará que se celebre, de nuevo, en el TSJPV el caso de supuesta desobediencia contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los representantes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, y cinco miembros de la izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi. Además, consideró que el alto Tribunal sentará jurisrpudencia "para todos los casos", con el fin de que no haya discrepancias respecto al papel de la acusación popular.

El letrado se refirió, de esta forma, a la decisión de ayer del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de sobreseer el procedimiento penal abierto por las reuniones que Ibarretxe, López y Ares mantuvieron con los miembros de la ilegalizada Batasuna y que, según las acusaciones populares, habrían supuesto desobediencia a la resolución del Tribunal Supremo que, en base a la sentencia de ilegalización, prohibía cualquier actividad a la formación abertzale.

En declaraciones a Europa Press, el letrado insistió en que el TSJPV "no ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo" al establecer que la acusación popular -ejercida por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia- "no está legitimada" para instar a la apertura de juicio oral.

Por ello, expresó su convencimiento de que "el juicio seguirá adelante", una vez que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación, y subrayó que la vista oral "será sobre una desobediencia a una prohibición expresa del TS, no sobre el diálogo". "Eso es lo que se debía haber juzgado ahora y se juzgará dentro de año y medio", añadió.

Tras señalar que, en una nueva sentencia, el Tribunal Supremo "dictará jurisprudencia para aplicar ya en todos los casos", emplazó "al poder legislativo, el legislador, a que clarifique este asunto en el sentido más democrático, permitiendo la participación de la ciudadanía en la Justicia, como se venía haciendo antes del 'caso Botín', y que impida el monopolio de la acción penal por parte de la Fiscalía y que haya zonas de impunidad".