MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte afronta su recta final con los informes de las partes y el turno de última palabra por parte de los acusados.
Después de su reanudación el pasado jueves, que sirvió para escuchar las conclusiones y el informe del Ministerio Fiscal, el juicio seguirá este martes y continuará el miércoles y el jueves. Con todo, quedará previsiblemente visto para sentencia sin necesidad de agotar las seis sesiones previstas en el calendario, y que se extienden hasta el próximo 27 de enero.
En este tramo final guarda especial interés el informe de la defensa del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias 'El Albondiguilla', después de que la fiscal mantuviese para él su petición de 40 años de cárcel. "No ha colaborado nada: no ha colaborado ahora ni cuando pretendía reconocer los hechos", aseguró.
En esta línea, la representante del Ministerio Público arremetió contra González Panero por haber "tergiversado" las cosas durante su declaración y por haber tratado de "responsabilizar a otros", llegando a culpar al líder de la trama, Francisco Correa, "de extorsionarle".
A la espera de escuchar los informes, el tribunal ya recordó antes de concluir la última sesión que aquellos acusados que quisieran renunciar a su derecho a la última palabra debían notificarlo por escrito de forma previa, evitando de esta forma acudir a la sede de la Audiencia Nacional en la Plaza de la Villa de París.
Se trata de una opción que podría ser ejercida por parte de los acusados en este juicio como es el caso del propio Francisco Correa, que ya anunció su intención de hacerlo en su declaración en el mes de noviembre.
EL INFORME DEL MINISTERIO FISCAL
En la última sesión, la fiscal Concepción Nicolás elogió la colaboración de Correa, que llegó "hace escasamente unos meses" y que ha arrastrado a gran parte de los principales acusados a reconocer los hechos y conformarse con el escrito del Ministerio Público.
La representante de la Fiscalía se valió de la declaración de Correa para justificar la suficiencia de la prueba apoyándose también en la de su 'número dos', Pablo Crespo, cuya confesión "aligeró" de forma significativa la vista oral por su claridad y por el gran número de detalles.
"Lo ha reconocido absolutamente todo. Ha reconocido su papel en la empresa, la estructura societaria y quienes eran las personas asesoras. Ha reconocido la caja b, cuál era la función de (el contable de la trama José Luis) Izquierdo. Nos ha reconocido cómo se agasajaba, los pagos al PP y hasta que se pagaban actos con esa caja b", destacó.
En su informe la fiscal también mantuvo su petición inicial con respecto al Partido Popular, acusado como partícipe a título lucrativo por, supuestamente, haberse beneficiado en la cuantía de 204.198,64 euros de las presuntas corruptelas del grupo liderado por Correa en Boadilla del Monte.
Nicolás considera que la formación liderada por Pablo Casado se enriqueció "por una causa ilícita" y ahora debe "devolver lo que recibió". "Tenemos todas las pruebas de las cantidades a las que nos hemos referido (...) todos los pagos han quedado acreditados", señaló.
"EVIDENCIAS DEMOLEDORAS" Y "GRABACIONES REVELADORAS"
Además, de entre las "evidencias demoledoras" que se han podido conocer en el juicio que comenzó el pasado mes de noviembre la fiscal quiso recuperar el testimonio del denunciante de la 'Gürtel', José Luis Peñas, un testigo "constante, homogéneo y colaborador".
"Sus grabaciones son con mucho reveladoras. Hemos contemplado a tiempo real qué pasaba con las adjudicaciones de Boadilla. Le hemos oído a viva voz con Correa y qué pasaba con sus amigos: con Teconsa, con Ulibarri, con Alfonso García Pozuelo o quién es 'El Albondiguilla'", recordó, refiriéndose a las escuchas practicadas por Peñas y que pudieron escucharse en el juicio.
Por otro lado, la sesión celebrada el pasado jueves se inició con la modificación de las conclusiones de la Fiscalía. La cascada de confesiones previa al juicio provocó que las modificaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal fuesen matices muy puntuales con respecto al escrito de acusación, fechado en mayo de 2016, aunque sin con reducciones importantes en la petición de condenas.
Así, de los 76 años y 7 meses de cárcel reclamados para Correa la solicitud pasa hasta los 19 años. Lo mismo concurre en el caso de su 'número dos', Pablo Crespo, para quien pide 16 en lugar de los 64 años y 7 meses iniciales.
Todo ello después de que la representante del Ministerio Público anunciase que eliminaban el delito la asociación ilícita contra Correa y Crespo porque ambos ya fueron condenados por el mismo tipo delictivo en la sentencia por la trama de Fitur en febrero de 2017. Además, también se suprimió la inhabilitación especial por del delito de cohecho.
Entre esta reducción de penas aplicada a gran parte de los acusados también destaca la de los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. En el caso de César Tomás Martín Morales la petición pasa de 39 a 6 años, mientras que en el caso de su sucesor, Alfonso Bosch, se reduce de 23 a 5 años de cárcel.
