El ex vicepresident, Romeva y Bassa piden al TC que les rehabilite cautelarmente para evitar "un daño irreparable"
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, así como los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la revisión que hizo el Tribunal Supremo (TS) de sus condenas por el 1-O, con la que les mantuvo las penas de inhabilitación, a pesar de la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación.
Así lo ha anunciado ERC en un comunicado donde explica que Junqueras, Romeva y Bassa insisten a la corte de garantías en que "no se les ha aplicado la ley vigente", al considerar que se les tendrían que haber anulado o al menos rebajado las penas recibidas en 2019 por el 'procés'.
El Supremo tuvo que revisar las condenas dictadas para ajustarlas al nuevo Código Penal, pero se limitó a analizar las de inhabilitación, ya que las de cárcel fueron indultadas en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En el caso de Junqueras, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, el TS cambió el delito derogado por uno de desobediencia y mantuvo la malversación en su versión agravada, por lo que dejó intacta la pena de inhabilitación, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031.
La Sala de lo Penal hizo la misma operación con Romeva y Bassa, que se quedaron con los 12 años de inhabilitación que recibieron en 2019, con lo que seguirán inhabilitados hasta 2030.
Para la defensa de Junqueras, a cuyo recurso de amparo ha tenido acceso Europa Press, "resulta imposible razonar que la desaparición de la sedición no tenga impacto en la consecuencia jurídica (la pena) de los hechos probados".
"No se razona, ni parece que pueda racionalmente explicarse, porqué la comisión de un único delito grave (malversación) pueda tener una pena superior a la impuesta por la comisión de dos delitos graves (sedición y malversación)", argumenta.
DENUNCIA UN "SILENCIAMIENTO POLÍTICO"
Denuncia además que la alegada "inaplicación" de la reforma penal se traduce en "el silenciamiento de un líder político destacado", reivindicando que se le permita "volver a la vida política en plenitud de sus capacidades de ser electo y representar los intereses de la ciudadanía".
Así, tanto Junqueras como los ex consejeros piden que se suspenda la ejecución de la pena de inhabilitación "a fin de evitar un daño irreparable a los derechos civiles y políticos implicados" tanto de los recurrentes como de las personas que a través de ellos ejercen su derecho de participación política.
En este sentido, el recurso de Junqueras recalca que "ha pasado ya cerca de 6 años sin poder ejercer de forma efectiva ningún cargo público ni representativo", aduciendo que "la demora en la resolución de la presente demanda abundaría aún más en la lesión de los derechos fundamentales alegados".
Por último, lanza una recusación general para que sea el propio tribunal quien examine si alguno de sus magistrados concurre en las causas legales para ser apartado de este asunto.
Asimismo, los líderes independentistas avanzan que han acudido al Constitucional para "agotar la vía interna antes (de ir también) al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
"CONFLICTO" ENTRE PODERES
Junqueras denuncia en su recurso "conflictos entre poderes del Estado" por "la explícita mención" que la Sala de lo Penal hizo en su auto de revisión "a que la opción político-criminal de la reforma penal cuya aplicación se reclama 'no puede aceptarse'", algo que el ex vicepresident interpreta como una "crítica" al "desarme penal que el legislador" ha decidido.
Apunta también al "impacto social y político general" de este asunto al afectar a "uno de los líderes políticos más significativos de Cataluña, a la sazón el presidente del partido político Esquerra Republicana de Catalunya, partido cuya representatividad política es de público conocimiento".
Por otro lado, incide en que los hechos por los que fue condenado no eran delito y, en todo caso, respecto al único de los dos ilícitos que sigue en pie reitera que "no todo apartamiento de la legalidad inserto en una acción de administración del patrimonio público da lugar a un delito de malversación de caudales públicos ni tiene por qué considerarse corrupción".
A este respecto, sostiene que los hechos no estaban orientados "a que los condenados obtuvieran un determinado beneficio particular, sino precisamente la satisfacción de un objetivo político ampliamente compartido por un sector de la ciudadanía".
Y, para reforzar su argumento, señala que en la propia exposición de motivos de la reforma de la malversación el legislador estableció que "el contexto social actual exige una redefinición del sistema de respuesta penal".
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