MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director general de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, Félix Colsa, consideró hoy que la "responsabilidad" del Gobierno central "no está a la par" del "esfuerzo y la responsabilidad" con que cuentan las comunidades autónomas y los ayuntamientos en relación a los fondos destinados a la integración y acogida de inmigrantes.
De estas instituciones es la administración local quien, a su juicio, "soporta más la presión migratoria" y "sigue siendo la gran olvidada en esta cuestión".
Tras la reunión extraordinaria del Consejo Superior de Política de Inmigración, en la que se fijaron los criterios de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para la gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo, Colsa aseguró, en declaraciones a Europa Press, que el encuentro fue "similar al de otros años".
En este sentido, puso de manifiesto que la opinión de las autonomías "no es tenida en cuenta" y valoró el acuerdo como "un contrato de adhesión que te ponen sobre la mesa y que lo firmas o no".
"Insistimos en que se deje libertad a las comunidades autónomas para fijar los criterios de aplicación del fondo de acogida y de integración y para el esfuerzo educativo y seguimos sin obtener respuesta", añadió.
Además, Colsa pidió un incremento del presupuesto que sea proporcional al esfuerzo realizado por cada comunidad autónoma, por lo que aprovechó para señalar que este año "no se va a hacer" porque "sigue siendo la misma cantidad" que el anterior, un total de 200 millones de euros a repartir entre las comunidades.
La cantidad asignada a cada comunidad autónoma deberá aprobarse en el Consejo de Ministros "esta semana o la próxima", según Colsa, aunque apuntó que el asunto se va a tratar "con urgencia" por lo que podría aprobarse esta semana.
PRESUPUESTO POR PARTIDA.
De los 200 millones de euros que la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración destinará a esta materia, 105,8 millones (55 por ciento) corresponden a la partida de acogida e integración; 86,6 (45 por ciento) al refuerzo educativo y 7,5 por ciento a la atención a menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias.
En un comunicado recogido por Europa Press, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales indicó que la asignación de los recursos del Fondo a las comunidades autónomas se basa en "principios de equidad y transparencia, atendiendo a criterios objetivos como el empadronamiento, la afiliación a la Seguridad Social y la escolarización en la enseñanza no universitaria".
El Consejo Superior de Política de Inmigración está presidido por la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, y en él participan diversos departamentos ministeriales, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.
