MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central ha instado a la Generalitat de Cataluña a suspender la distribución del último número de su revista trimestral 'Info Catalunya' y a retirar los ejemplares ya repartidos por resultar "claramente influyente en el sentido de voto del electorado". La decisión, adoptada a instancias de CiU, no prevé la incoación de un expediente sancionador.
El organismo arbitral, reunido hoy en el Congreso, recalca que el número 9 de la revista "Info Catalunya" empezó a distribuirse entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre, en pleno proceso electoral y considera que parte de su contenido "puede resultar claramente influyente en el sentido del voto de los electores, con infracción de criterios sentados por la Junta Electoral en numerosas resoluciones".
Además, sostiene que dejar para después de las elecciones del 1 de noviembre la distribución de la revista correspondiente al último trimestre del año no causaría "ningún perjuicio para el servicio público".
ESCUCHA A CIU Y DESOYE A LA JUNTA DE BARCELONA
Revocando el acuerdo que en su día adoptó la Junta Electoral de Barcelona, que no vio motivo para actuar, el organismo estatal ha estimado el recurso que interpuso CiU y ha requerido a la Generalitat para que "se abstenga de continuar la distribución" de la revista y "proceda a la retirada de los ejemplares ya distribuidos".
"Info Cataluña" es una publicación trimestral de servicio público editada por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Generalitat, que se reparte gratuitamente en todos los hogares, lo que hace difícil su retirada. En ese controvertido número 9 se incluye, entre otros asuntos, un análisis sobre "la escuela catalana del futuro" destacando las novedades del curso con relación a horarios, programas de ayudas, profesorado y centros docentes.
Por último, la Junta Electoral Central señala que no hay motivo para completar sus actuaciones con la incoación de un expediente sancionador. Se da la circunstancia de que la JEC ya tiene en estudio un expediente sancionador contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, por llamar a la participación ciudadana en la campaña del referéndum del Estatut pese a que la legislación estatal prohíbe incentivar el voto desde los poderes públicos.
