MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Extremadura ha solicitado por el procedimiento de urgencia al Consejo Consultivo de la región la elaboración de un dictamen relativo a la procedencia o no de interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma energética aprobada por el Gobierno central (en concreto el real decreto ley 9/2013 de 12 de julio).
La base del posible recurso, según ha explicado la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, está en la modificación del régimen jurídico y retributivo de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables con derecho a prima.
En rueda de prensa después de que el Consejo de Gobierno autonómico haya determinado este martes solicitar el dictamen en cuestión, ha añadido que la posibilidad de interponer el citado recurso por parte del Ejecutivo extremeño se plantea tras "no llegar a acuerdo" sobre la temática en la comisión bilateral entre el ministerio y la comunidad autónoma.
Asimismo, ha señalado que entiende la Administración extremeña que el texto de la reforma energética "puede quebrantar los artículos 9.1, 9.3 y 86 de la Constitución Española".
QUINTO RECURSO
Se trataría así, "si el Consejo Consultivo lo considera procedente", del quinto recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno extremeño interpondría en materia energética, ha señalado Teniente, quien ha añadido que el plazo para presentar dicha iniciativa finalizaría el próximo 12 de abril.
En concreto, ha recordado que en septiembre de 2011 la comunidad interpuso recurso de inconstitucionalidad frente a la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley 14/2010 del 23 de septiembre, por el "recorte retroactivo" de las primas a las fotovoltaicas.
El segundo recurso fue interpuesto, ha añadido, en octubre de 2012 contra el decreto que suspendía los procedimientos de preasignación de retribución y suprimía las primas de renovables. A su vez, el tercer recurso fue planteado por el Gobierno regional en abril de 2013 contra la modificación de la "ecotasa"; y el cuarto fue interpuesto en noviembre de 2013 contra el Real Decreto Ley 2/2013 de 1 de febrero, en el que se "recortan" las primas a las renovables con carácter "retroactivo".
REPERCUSIÓN ECONÓMICA
Durante su intervención, la vicepresidenta ha reconocido también que su ejecutivo es "consciente" de la "necesidad y obligación" que tiene el Gobierno nacional para "atajar el problema del déficit tarifario" y "para poder garantizar así la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español".
No obstante, y tras compartir con el Ejecutivo central el "objetivo de adoptar medidas en esa dirección, encaminada a la resolución de una cuestión que es de Estado", ha reiterado que el Gobierno autonómico ya ha venido manifestando "en varias ocasiones" que "no" está "de acuerdo" con "la manera en que se está haciendo" dicha cuestión por parte de la Administración estatal.
En este sentido, ha incidido en que "lo que está ocurriendo con la normativa eléctrica puede generar una grave repercusión económica con inversiones ya existentes en el sector eléctrico y puede sin duda perjudicar a inversiones futuras".
Ha insistido de igual modo en que el Gobierno regional "apuesta firmemente" por las energías renovables, "muy especialmente" con las tecnologías de base solar y de base biomasa, "para un modelo energética sostenible, eficiente y competitivo" que además "es el que está demandando la Unión Europea".
