GRANADA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El jurado popular hará público previsiblemente este lunes su veredicto en el caso de la muerte de un discapacitado en 2008, por la que están acusados un padre y sus dos hijos, que presuntamente le dieron una paliza que llevó a su fallecimiento un mes después durante su estancia en el hospital, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Los nueve integrantes del tribunal recibirán a primera hora el objeto del veredicto, confeccionado por la magistrada-presidenta, Aurora González, con lo que a partir de entonces podrán reunirse para valorar si los procesados son o no culpables, lo que está previsto que hagan a lo largo de la jornada o, si las deliberaciones se prolongan, el martes.
El pasado viernes la Fiscalía de Granada mantuvo su petición de 15 años de prisión para dos de los tres acusados por un posible delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad.
Concretamente, insistió la fiscal en su solicitud en el caso del procesado de más edad, Rafael G.G., de 57 años, que trabaja para la ONCE, y de su hijo Rafael G.R., de 29 y de profesión militar. Para el tercero, hijo y hermano de los otros dos, Ismael G.R., de 27, el Ministerio Público modificó sus conclusiones provisionales pasando de solicitar para él de 15 a 3 años de prisión, al considerar que tiene sus capacidades intelectivas y volitivas disminuidas, debido al retraso mental que padece, y contemplando como circunstancia atenuante esta eximente incompleta.
La acusación particular, que ejerce la madre y las dos hermanas del fallecido, Gregorio M.G., mantuvo su petición de condena en el mismo sentido que la Fiscalía, aunque modificando también su solicitud para el más joven, de quince a seis años y medio de cárcel, por los mismos motivos. Por su parte, las tres defensas insistieron en que los acusados deben ser absueltos al no haber pruebas concluyentes de que fueran los responsables de la muerte del discapacitado.
Durante la exposición de su informe al jurado popular que ha enjuiciado el caso en la Audiencia Provincial de Granada, la fiscal Cristina Escobar pidió a los nueve integrantes de este tribunal que se pregunten si la muerte de Gregorio fue violenta y si existen pruebas para declarar o no culpables a los tres procesados.
La Fiscalía sostiene que la víctima sí murió a consecuencia de una paliza, teniendo en cuenta que los médicos forenses descartaron que sus lesiones fueran 'autoprovocadas', y que los responsables fueron Rafael G.G. y sus dos hijos.
Para argumentarlo, la fiscal recordó que no sólo cuenta el testimonio de la propia víctima, que en varias ocasiones, ante sus hermanas, su madre, y ante la Policía Nacional, los señaló como los responsables de su estado, sino también las declaraciones de su entorno, que confirmaron que existían unas amenazas previas para que Gregorio abonara los gastos de la Primera Comunión de la hija de Rafael G.G.
El abogado de la acusación particular coincidió con la fiscal en los mismos argumentos, y mostró su "convicción" ante el jurado de que Gregorio murió tras recibir "una paliza, una brutal agresión" por parte de un total de cuatro personas, los tres acusados y otro individuo que "desgraciadamente" no ha podido ser identificado. "Mataron a una persona y deben ser sancionados por el sistema", ha señalado.
Durante la primera sesión del juicio, el pasado lunes, los tres acusados negaron su participación en lo ocurrido y aseguraron que la víctima, Gregorio M.G., se trataba de un amigo con el que ya no mantenían relación desde hacía años.
Los procesados dijeron que nunca estuvieron en el domicilio del ya fallecido, donde fue encontrado por su madre tras supuestamente haber sido víctima de una brutal agresión, y que no tenían conocimiento de que había recibido una herencia, que podría considerarse el móvil de sus presuntos asaltantes.
Las defensas sostienen que sus patrocinados no son culpables de lo ocurrido, que el fallecido, que tenía una minusvalía mental y otra física que limitaba sus movimientos, pudo autoinfligirse las lesiones que presentaba, al caerse o sufrir un ataque epiléptico, y que las quemaduras se debieron a que era un "fumador empedernido" que solía prender su propia ropa a algunos de los muebles de su casa.
Además, según mantienen, era un alcohólico crónico y, a veces, según los letrados de los acusados, sufría "alucinaciones" por la fuerte medicación que tomaba. De hecho, atribuyen la denuncia y el "curso de la investigación" al "empeño" y la "obsesión" de la madre del fallecido con los tres acusados, con los que al parecer no tenía buena relación, especialmente con el padre, a quien acusaba de haberse aprovechado de su hijo pidiéndole dinero.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del pasado 26 de septiembre de 2008, cuando Gregorio M.G., que padecía una debilidad mental ligera, con una minusvalía reconocida del 65 por ciento, se encontraba durmiendo en su domicilio de la calle Severo Ocho de Granada capital, y entraron en su casa los tres inculpados, acompañados de una cuarta persona que no ha podido ser identificada.
"Con ánimo de acabar con su vida", le ataron con cuerdas, le propinaron puñetazos y golpes por todo el cuerpo, y le quemaron con cigarros exigiéndole una cantidad no determinada de dinero que Gregorio se negó a entregar, dejándolo inconsciente los procesados en el suelo de su habitación, donde fue encontrado por su madre dos días después, a las 16,00 horas.
Tras ser atendido por un equipo de emergencias del 061, fue ingresado en el Hospital Virgen de las Nieves con pronóstico muy grave y con un número importante de heridas en ambas rodillas, algunas de las cuales se correspondían con quemaduras de cigarrillos, que también tenía en la boca, erosiones en barbilla y en el tórax, fractura de hombro derecho, y luxación de la cabeza del húmero de ambos brazos. Estas lesiones, señala el fiscal, fueron producidas al haber sido atado con las manos detrás del cuerpo y levantado hacia arriba con gran violencia.
Ingresó en la UCI el día 29 por bajo nivel de conciencia en contexto de agresión y politraumatismo, y desarrollo una insuficiencia renal, cuadro séptico y de neumotórax traumático, por lo que finalmente falleció justo un mes después de la agresión, el 26 de octubre a las 6,10 horas.
El fallecido tenía 49 años y vivía con su madre, para la que el fiscal pide una indemnización de 120.000 euros, que deberían abonar, en su caso, los procesados de manera conjunta y solidaria.
