CCOO avisa de que primero hay que resolver los problemas que llevaron a la huelga y después acordar lo demás
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se ha comprometido este miércoles a "abrir" en enero la negociación con los sindicatos de la administración de justicia para zanjar el conflicto laboral con los 45.000 funcionarios del ramo, que fueron a la huelga en abril para reclamar mejoras, entre ellas una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, pero que suspendieron la medida de fuerza en julio ante el horizonte electoral.
Así lo ha anunciado el secretario general de CSIF Justicia, Javier Jordán, en declaraciones a la prensa tras mantener una reunión con Olmedo, que este miércoles se ha visto con los principales sindicatos del sector, en una primera toma de contacto tras su llegada al cargo para "tender puentes", según indican fuentes ministeriales a Europa Press.
"Hay un compromiso por parte del secretario de Estado de abrir la negociación en el mes de enero", ha dicho Jordán, aclarando que, si bien no hay fecha fijada, consideran que es un paso en la buena dirección para "poder, de forma constructiva, llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto en Justicia".
Jordán ha explicado que en la mesa de negociación se hablará de las reivindicaciones que ya venían planteando desde que comenzó la huelga y que pasaban, fundamentalmente, por aplicar a los funcionarios una subida salarial equiparable a los hasta 450 euros al mes pactados con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales.
El Ministerio ha informado en un comunicado de que Olmedo ha ofrecido a los sindicatos "un gran pacto de legislatura con el que abordar los nuevos retos del servicio público de Justicia" y, para ello, ha propuesto crear "un grupo de trabajo" que se pondría en marcha en enero.
Además, ha destacado que, con esta ronda de contactos --que ha incluido a CSIF, UGT, CCOO, STAJ, CIG y ELA--, "el Ministerio profundiza en el compromiso de diálogo permanente" expresado por Bolaños tras tomar posesión de esta nueva cartera.
SIGUE HABIENDO "MUCHO CABREO"
Jordán ha valorado que ha sido una "reunión institucional" que ha transcurrido en buen tono. "Ha ido bien (...) La valoración es muy positiva", ha indicado el líder sindical.
No obstante, ha subrayado que "sigue habiendo mucho cabreo por todo lo que ha sucedido". "La gente está muy enfadada y lo que quiere es que de una vez por todas se abra la negociación", ha enfatizado.
Con todo, CSIF ha emitido un comunicado en el que reitera "su buena disposición para llegar a un acuerdo". "Tendemos la mano para continuar con el diseño y desarrollo de las medidas necesarias para el proceso de transformación y modernización que requiere nuestra administración de justicia", ha afirmado.
Por su parte, STAJ ha trasladado a Olmedo "la necesidad de que la negociación sea real y no se demore, de forma que en el plazo más breve posible tenga su traducción tanto en el texto de las leyes o reglamentos que se aprueben, como en un incremento retributivo real y aplicable a todo el Estado, incluyendo la carrera profesional".
"Las movilizaciones y el esfuerzo realizado por miles de funcionarios y funcionarias de Justicia de todo el Estado durante meses, deben tener una respuesta que satisfaga definitivamente todas las reivindicaciones, que siguen plenamente vigentes", ha enfatizado STAJ en un comunicado.
"DISCREPANCIAS IMPORTANTES"
Sin embargo, CCOO ha advertido sobre la existencia de "importantes discrepancias" con Justicia, a pesar de que "hay coincidencia en la voluntad de llegar a un acuerdo rápido para solucionar el conflicto".
El problema radica en que Olmedo les ha indicado que la negociación se centrará en la Ley de Eficiencia Organizativa --cuyo plazo máximo de aprobación habría fijado en el 31 de diciembre de 2024--, la incidencia de las nuevas leyes de eficiencia (también las de eficiencia procesal y digital) en las funciones de cada uno de los cuerpos de funcionarios de Justicia y en el teletrabajo.
"El Secretario de Estado ha aclarado a CCOO que estas funciones serían las que podrían determinar un incremento retributivo que se aplicaría a los complementos específicos en todos los ámbitos territoriales, y no al complemento general del puesto, como pedimos desde CCOO", ha detallado el sindicato en un comunicado.
Para CCOO, esta propuesta "es insuficiente y tiene que ser modificada y mejorada". En este sentido, ha reclamado que en una primera fase de negociación se aborden los problemas que desencadenaron la huelga, esto es, la subida salarial con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, la Ley de Eficiencia Organizativa, y las condiciones y cuantías mínimas de la carrera profesional.
El sindicato quiere que el teletrabajo se negocie en la mesa específica prevista para ello y que "el pacto de legislatura sobre el resto de condiciones de trabajo se empiece a negociar una vez alcanzado un acuerdo sobre los puntos que llevaron a la huelga".
Demanda, además, que "para la puesta al día del trabajo atrasado con motivo de la huelga se establezca un complemento de productividad que percibiría cada trabajador o trabajadora que colabore en la recuperación del retraso en una cantidad igual a la que le fue descontada por los días de huelga".
Olmedo, según traslada CCOO en la nota de prensa, ha contestado que estudiará la propuesta del sindicato, por lo que éste ha quedado "a la espera" aunque avisando de que, si no se acepta, "haría imposible la desactivación y solución del conflicto".
TRES MESES DE HUELGA
Los sindicatos convocaron paros parciales en abril y un mes después subieron la presión con paros totales, así como con concentraciones y manifestaciones a las puertas del Ministerio de Justicia y de la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.
Los representantes sindicales exigían una subida para los 45.000 funcionarios de Justicia que representaría 200 millones de euros. El incremento total para el cuerpo queda por encima de los 46,7 millones de euros que supuso el incremento salarial a jueces y fiscales y de los 22,7 millones de euros destinados a los LAJ.
Pedían también que se iniciaran las negociaciones de las futuras leyes de eficiencia que quedaron descartadas por la convocatoria anticipada de elecciones generales y el "desbloqueo y desarrollo inmediato de la carrera profesional".
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