Romero se alegra de que "se haga justicia con este asunto", ya que "se dañó gravemente el honor del alcalde"
MALAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado ha admitido a trámite la demanda civil de protección del honor interpuesta el pasado 17 de octubre por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, contra la portavoz y el viceportavoz del grupo municipal socialista, Marisa Bustinduy y Enrique Salvo, respectivamente, por las acusaciones de un supuesto trato de favor a su familia con la reclasificación de un suelo en la desembocadura del río Guadalhorce.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento malagueño, María Victoria Romero, confirmó la información, que publica hoy el periódico 'La Opinión de Málaga', y dijo a los periodistas alegrarse de que "se haga justicia con este asunto", ya que "se dañó gravemente el honor del alcalde, el máximo representante de los malagueños".
Así, confió en que "Bustinduy y Salvo pidan disculpas y se rectifique, que es lo único que pedía el alcalde". De hecho, recordó que, en un principio, De la Torre anunció que iba a interponer una querella, y, finalmente, optó por una demanda civil porque "lo único que quería era que se repusiera la verdad".
Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Málaga firmaron el pasado 13 de octubre un escrito en el que exigían que Salvo, que hizo la denuncia pública, presentara "inmediatamente" su dimisión y mostraron su "más enérgica repulsa" ante la actitud no sólo del representante socialista, sino también de la portavoz de este grupo, que "respaldó la falsa denuncia". De hecho, consideraron que ambos deberían "abandonar la actividad pública, ya que no dignifican la vida política".
Después de que Salvo denunciase la reclasificación de una parcela propiedad de la madre del alcalde, situada junto a la desembocadura del río Guadalhorce, De la Torre dio al PSOE cinco días para que se retractara públicamente de sus acusaciones.
Además, el 20 de octubre tuvo lugar un pleno extraordinario en el que se trató de manera monográfica esta polémica. En él, De la Torre ofreció al PSOE que decidiera cómo adquirir el suelo del que es copropietaria la madre del regidor, junto con la familia Díaz Gutiérrez, bien según lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 o bien según lo que se propone en la revisión del planeamiento.
